La norma, a la que tuvo acceso Télam, establece que en el término de 20 días esos efectivos dejarán de brindar protección a jueces, legisladores y funcionarios, para patrullar las calles.
"Se hace imprescindible efectuar una profunda racionalización y redistribución del personal policial, como así también de sus vehículos", argumentó Cafiero. (Télam)