En 1988 Martínez de Hoz fue procesado con prisión preventiva, igual que Videla y su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, por orden del juez federal Martín Irurzun, como coautor del delito de secuestro extorsivo reiterado. Estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte al 1100, acompañado, entre otros, por el general Carlos Suárez Mason. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó la detención de los Gutheim, y dispuso liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su actuación, sino porque a diferencia de los uniformados no dejó sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como afirmó el miércoles en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdónó sus delitos.
Titular de la textil Sadeco, Federico Gutheim consiguió en abril de 1976 un cupo de exportación por 6500 toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios y la apertura de cartas de crédito por doce millones de dólares, la dictadura le denegó el permiso para concretar la operación. El 5 de noviembre de 1976, luego de que Martínez de Hoz recibiera en Hong Kong quejas de comerciantes chinos y británicos contra Sadeco por el incumplimiento del contrato, los hombres de negocios fueron detenidos. Según el decreto 2840 de Videla y Harguindeguy su actividad atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público.
Ya en la cárcel, un funcionario de Interior les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de varias firmas extranjeras que llegaron al país invitados por Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega. Fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, por decreto 949/77, según el cual las causales invocadas habían desaparecido.
Los camaristas consideraron en 1988 que “no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el estado de sitio”. Sostuvieron que “las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones”.
Pese a que fuentes oficiales habían comunicado al periodismo que las detenciones se produjeron a instancias del Ministerio de Economía, que Martínez de Hoz admitió que fue impuesto del tema en Hong Kong por el cónsul argentino y que el prontuario de los Gutheim en la Policía Federal admitía que fueron arrestados “por irregularidades cometidas en trámites de exportación de algodón”, la Cámara consideró que según las exigencias del viejo Código de Procedimientos Penales los indicios eran insuficientes para mantenerlo detenido, ordenó su liberación y la continuidad de la investigación. La impunidad fue obra de Carlos Menem.
El mismo día que la Corte anuló el indulto, Martínez de Hoz dijo ser víctima de “una persecución interminable” del gobierno nacional. “Diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo”, sostuvo, e incluyó a la Justicia federal y a la Corte Suprema, que “con escasas y honrosas excepciones han sido funcionales a estos objetivos”. También renegó de su inclusión entre los indultados por Menem. Fue “un indulto que no pedí ni me benefició, ya que se me había desvinculado expresamente de los hechos investigados”, confundió.
“No existen obstáculos para el avance de la causa”, consideró ayer Duhalde en referencia a la decisión del alto tribunal, que con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni declaró inconstitucionales los indultos.
Consultado sobre la solicitada, sostuvo que “lo que diga Martínez de Hoz sobre su defensa no altera la causa” y expresó su confianza en que Oyarbide “pueda disponer la próxima semana las medidas solicitadas”. “La gravedad de las imputaciones, el carácter de crímenes de lesa humanidad y la extensión de la pena a aplicar justifican la detención y su alojamiento en un establecimiento penitenciario común”, concluyó el secretario de Derechos Humanos.
Fuente: pagina12.com.ar
