"La investigación duró cuatro meses y medio y se hizo en dos etapas en las que se realizaron allanamientos en prostíbulos y domicilios particulares" de ambos distritos, explicó el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
El funcionario detalló que en la ciudad "la investigación comenzó con denuncia anónima vinculada a una casa de citas ubicada en Lima 1035, con detalles muy precisos del funcionamiento", por lo que estiman que "se trataba de un vecino".
El caso fue al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, quien ordenó a la Policía Metropolitana realizar tareas investigativas.
"Se trabajó específicamente -dijo- sobre ese lugar a través de filmaciones, seguimientos, entrecruzamientos telefónicos y se empezaron a identificar los diferentes lugares y las personas
involucradas con nombre o pseudónimos".
A partir de allí ordenaron "la primera etapa de allanamientos, en la que se liberó a más de 30 mujeres y se detuvo a nueve personas; dos semanas más tarde, en otros operativos en colaboración con Prefectura Nacional y la Secretaría de Seguridad de la Nación, coordinada por Sergio Berni, se liberaron otras 60 mujeres y se detuvieron a 16 personas", precisó.
La mayoría de los allanamientos en Capital se realizó en un radio comprendido por la calle Esmeralda y las avenidas Belgrano,
Santa Fe y Callo; en la provincia de Buenos Aires se hicieron en las localidades de Paso del Rey, Maquinista Savio y San Miguel.
Montenegro afirmó que "el juez tomó declaraciones inmediatamente a todas las mujeres para evitar la revictimización y se les facilitó a cada una volver a sus lugares de origen, ya que había muchas de otros países y de otras provincias".
"Las que se quieren quedar en la Ciudad de Buenos Aires estarán acompañadas por la Secretaría de la Mujer y por la de Trabajo, que las ayudará a reinsertarse laboralmente", señaló el
ministro.
Previamente Montenegro dijo a la prensa que "funcionarios públicos y policías están involucrados por acción u omisión porque si un vecino lo puede determinar, una fuerza de seguridad, también".
La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, indicó que en todos los allanamientos e inspecciones que realiza la Agencia de Control Gubernamental interviene un equipo de psicólogos y trabajadores sociales "que acompañan a las víctimas y animan a las mujeres que denuncien", porque ellas "tienen mucho miedo de pedir ayuda".
Los 25 detenidos fueron alojados en la U-29 del Servicio Penitenciario Federal y quedaron incomunicados a disposición del secretario Juan Tomás Rodríguez Ponte y el juez Lijo.
Luego de tomarles declaración indagatoria , el magistrado dictó la prisión preventiva a los siete cabecillas de la organización y determinó el procesamiento de todos los detenidos.
En diciembre de 2012 el Congreso aprobó por unanimidad una modificación de la ley 26.364 ,de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a las víctimas, que, entre otras reformas, fija un agravamiento de las penas para los culpables del delito de trata.
También estableció la ampliación de derechos para las víctimas, entre ellos que su consentimiento no es causal de eximición de responsabilidad penal para los delincuentes.
Fuente: infobae.com
