En su dictamen, la fiscal de Instrucción Nº 1, Alicia Elizabeth Cabanillas, señaló que Baza, como representante y administrador de la empresa “San Antonio SRL”, retuvo documentación de la sociedad y causó un importante perjuicio económico.
Baza se desempeñó en la sociedad, en dos períodos: el primero entre el 13 de agosto de ‘98 y marzo de ’99, y el segundo desde marzo a julio de 2003, hasta que se produjo la intervención judicial.
En ese tiempo, el contador habría realizado maniobras para obtener beneficios, reteniendo documentación societaria en violación a sus deberes, y con el propósito de lucrar en forma indebida.
Posteriormente se detectó un faltante de dinero, que alcanzaba la cifra de $ 365.537, además de algunos artículos que la empresa tenía para la venta.
