El chico trabaja de limpiavidrios en una esquina en las cercanías de un supermercado céntrico de esa ciudad sureña. Tiene familia, compuesta por una hermana de 16 años (que se fugó de un hogar 76 veces en un año) y su madre la cual, según allegados, posee una vida disipada e indiferente al cuidado de sus hijos. Es por eso que el menor vivió toda su vida en situación de calle.
En su mayoría las denuncias responden a delitos como hurto (tales como arrebatos a transeúntes y automovilistas) y daños a la propiedad privada (rayones y roturas de autos), sin embargo el niño, por su misma condición, no debe cumplir una pena efectiva lo que pone a la Justicia en un brete difícil de resolver.
El titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Peñasco, indicó a ese portal que "no tomaría como referencia la conducta de una persona por la cantidad de veces que fue trasladada a un organismo de seguridad, deberíamos evaluar esa conducta en base a la prueba de los hechos concretos, por eso no es conveniente tomar como parámetro que alguien entre 20 o más veces a la policía ya sea por sospecha o por si estaba intentando cometer algún delito".
El desconcierto también alcanza a funcionarios del Estado que se ocupan de este tipo de problemáticas que, al parecer, no tienen una solución definitiva si no se apela a su núcleo familiar.
"Este chico de 13 años tiene otro perfil, es muy difícil trabajar con él, entonces la gente pregunta qué hace el Estado al respecto, cuando en realidad debería preguntar qué función cumple la familia, qué hacen sus padres, qué contención les brinda a esos menores. Ahí es donde la comunidad, y esto lo digo como ciudadana y no como funcionaria, debe participar porque éste es un problema que nos debe preocupar a todos", afirmó Marcela Ponce, delegada local de la DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia). (Diario Uno)
