Según informaron fuentes judiciales, la magistrada rechazó liberarlos porque existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación y porque por sus antecedentes penales podrían ser declarados reincidentes y una eventual condena no sería en suspenso.
Los siete colombianos están acusados de los delitos de "robo agravado en grado de tentativa por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditado y en poblado y en banda" y "por resistencia a la autoridad".
Uno de los acusados a quien se le negó la excarcelación es Carlos Enrique Bernal Valenzuela, que está en el país desde 2012 pero no tiene ingreso registrado y en Colombia fue condenado en noviembre de 2011 a 22 años de prisión por homicidio. Bernal Valenzuela también tiene en el país una causa por portación de arma de uso civil que está radicada en el Tribunal Oral Criminal 23.
La jueza le rechazó además la excarcelación a Jesús Alberto Silva Moyano, que ingresó a la Argentina el 17 de octubre pasado por el puente internacional Tancredo Neves en la triple frontera de Foz de Iguazú.
Silva Moyano tiene cuatro condenas en Colombia entre 2003 y 2009 por hechos de hurto y robo con una pena unificada de cinco años de prisión.
Por último, Frank Jair Miranda Reyes no tiene ingreso legal al país y dijo que lo hizo el jueves de la semana pasada y la jueza consideró que tiene un arraigo precario para ser liberado.
Los tres están detenidos en la cárcel federal de Marcos Paz y antes de la resolución de la jueza Acosta el fiscal de instrucción Marcelo Solimine había dictado por rechazar la excarcelación de los acusados. También están presos Jeferson Rojas Pedraza, David Silva, Oscar Martínez y Brandon Castillo ya que su abogado, Ramiro Rúa, no pidió la excarcelación.
Fuentes judiciales informaron que la causa continúa con la tramitación de las medidas de prueba solicitadas ayer por la jueza Acosta y con nuevas que pidió hoy.
Sobre la situación en el país de los colombianos, el titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Martín Arias Duval, aseguró hoy que "se encontraban en el país de manera regular", y responsabilizó a Colombia y a la Justicia por no haber informado si habían cometido delitos.
"Salieron de Colombia sin inconvenientes" y cuando arribaron al país "tampoco surgió ningún requerimiento de la Justicia ni de Interpol contra ellos".
Arias Duval dijo a radio Del Plata que en la DNM "tenemos una base de datos de restricción o impedimentos y ahí se asientan todos los antecedentes judiciales y policiales de personas que son comunicados" por los jueces y fuerzas de seguridad.
"Son los administradores de justicia los que deben comunicar a las autoridades de registro sus decisiones", indicó y aseguró que sobre los siete colombianos, varios de ellos con antecedentes delictivos, "no teníamos esa información y no fue comunicada por la autoridad judicial colombiana a Interpol".
Sin embargo, los voceros judiciales señalaron que cuatro de los siete detenidos no tienen ingresos registrados al país. Por otra parte, la jueza Acosta ya recibió el informe de Interpol respecto a si los acusados tienen antecedentes delictivos en Colombia.
El hecho por el que fueron detenidos ocurrió el lunes a las 14 horas cuando el fiscal Stornelli circulaba junto a otro auto de custodia por la avenida Costanera y en el semáforo para subir a la autopista Illia advirtieron movimientos extraños de unas motos. "Cuando llegamos al semáforo nos paramos atrás y vimos movimientos extraños para robar a alguien. Se baja uno de una moto y en ese momento el custodio da la voz de alto. Uno logra escapar, aparentemente armado. Hay intercambio de disparos. Los de las motos escaparon y otro de uno de los vehículos que iba solo también porque dio una vuelta en -U-. Los demás tuvieron la mala suerte de meterse por acá y quedar atrapados por el tránsito", contó Stornelli en declaraciones a los medios.
DyN
