Así, a lo largo de 12 años, deberá abonar los aportes y contribuciones impagos de los jubilados "de pantalones cortos" y devolver el monto de las jubilaciones que la ANSES liquidó incorrectamente hasta que decidió darles de baja.
El convenio, que ahora tiene que ser ratificado en la Casa Rosada, recibió los toques finales en una reunión que mantuvieron el gobernador Eduardo Brizuela del Moral con el titular de la ANSES, Sergio Massa. Junto al primer mandatario estuvieron los ministros de Economía, Mamerto Acuña, y de Gobierno, Raúl Cippitelli.
Acuña fue el encargado de hacer el anuncio, que viene a dar respuesta a un viejo reclamo de los "dados de baja".
Aunque el titular de Hacienda no dio a conocer el costo total de la decisión, destacó, en diálogo con el diario El Ancasti, que será pagado en 12 años, porque de otro modo la Provincia no tenía forma de absorberlo.
"Esto entraría en un marco de financiamiento que es conveniente para la Provincia y permitirá que 520 personas puedan gozar de este beneficio jubilatorio. Sólo falta que la ANSES se remita a La Casa de Gobierno para definir la fecha a firmar ese convenio", manifestó el funcionario.
Además, se firmó otro convenio para la transferencia de datos recíproca entre la Nación y la Provincia y para la creación de una unidad para ayudar a realizar los trámites jubilatorios de los empleados provinciales, entre otros.
El conflicto por los jubilados "de pantalones cortos" es de vieja data. Se inició cuando el gobierno de Arnoldo Castillo decidió transferir la caja de jubilaciones provincial a la Nación, a mediados de la década del ´90.
Para desprenderse de la mayor cantidad de empleados públicos posible, la administración castillista inició un proceso acelerado de jubilaciones, en muchos casos en contra de la voluntad de los propios beneficiarios.
Primero se redujo la edad para el retiro. Se instrumentó un sistema que permitía la sumatoria entre los años de servicio y la edad. Si el resultado era 70, la persona podía jubilarse. De tal manera, la edad mínima se redujo a 45 años -en un primer momento se había bajado a 50-, porque al sumársele los 25 años de aporte se alcanzaban los 70 puntos necesarios.
En ese marco se desarrollaron las maniobras -ya por fuera de la ley- de confección de certificaciones de servicio apócrifas, de forma que el beneficiario pudiera acceder al puntaje mínimo.
Todo el procedimiento fue luego revisado, en el terreno administrativo, por la ANSES, que anuló más de 500 beneficios otorgados por el antiguo Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS). En el plano judicial, una investigación de la Justicia Federal llegó a una megacausa que postulaba todo el proceso como un gran fraude en contra del sistema previsional de la Nación.
