En un fallo de 168 carillas al que accedió Télam, los camaristas Jorge Rimondi, Gustavo Bruzzone y Carlos González concluyeron que la "vinculación" entre las familias de un sospechoso en el atentado y la del ex presidente Menem "marcó el quiebre en el obrar" de todos los ahora procesados.
Al confirmar todo lo resuelto por el juez federal Ariel Lijo, el tribunal de apelaciones dio por probado que Menem fue el "instigador" de las maniobras y que "era permanentemente informado de los avances de la investigación".
La prueba recolectada "permite tener por materializada la voluntad inicial" de instigar el encubrimiento "por parte de ambos hermanos (Carlos y Munir Menem) para llevarla a cabo en forma mancomunada, uno emitiendo el pedido que su alto cargo tornaba, si no imperativo decididamente influyente, y otro actuando como portavoz y a la par determinador de la inquietud presidencial".
Menem quedó con procesamiento confirmado como "instigador penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica -reiterada en ocho oportunidades que concurren realmente entre sí- , violación de medios de prueba y autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad".
En la causa se investiga el desvío de la investigación para dejar de lado la pista que conducía a Alberto Kanoore Edul, hijo, un descendiente de sirio-libaneses que se contactó con Carlos Telleldín, el día en que éste entregó la camioneta Trafic luego usada en el ataque del 18 de julio de 1994.
Los camaristas del Crimen que actúan como sala "ad hoc" en el tema AMIA, que es competencia de la justicia federal, dejaron cerca de ser enviados a juicio oral a todos los procesados.
En la resolución recordaron las medidas dispuestas para investigar a los Kanoore Edul pocos días después de la voladura y que "arrojaron otro resultado, muy probablemente inesperado para los investigadores: la íntima vinculación de la familia Kanoore Edul (más precisamente de Alberto Kanoore Edul, padre del sospechoso Alberto Jacinto) con el entonces Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem".
Para ello se basaron en escuchas telefónicas donde quedaron registradas comunicaciones de Kanoore Edul padre, un comerciante textil, con la Secretaría de Audiencias de la Casa de Gobierno, por entonces a cargo de Munir Menem.
"Papá está en Casa Rosada", decía una de estas escuchas donde se hablaba de un allanamiento que estaba a punto de ocurrir en la casa de los Kanoore Edul en agosto de 1994.
La Cámara dio por probado un llamado telefónico del hermano del entonces Presidente a Galeano, juez del caso, para conocer la situación de Kanoore Edul.
Este llamado determinó al juez "directamente a que lo favorezca, sustrayendo medios de prueba y falseando documentalmente la realidad".
"Lo expuesto permite inferir que la familia Kanoore Edul no dudaba en acudir a la familia presidencial en busca de ayuda en ocasión de presentarse algún problema y que recibía de parte de ésta, una respuesta favorable", concluyeron los camaristas.
En cuanto a Anzorreguy, sostener que desconocía detalles de la investigación por haberla delegado a cuatro días del atentado, como argumentó su defensa, "es una burla, precisamente, a la inteligencia de los que tenemos que valorar su situación en aquel momento. Y si se aceptara por nosotros, sería una burla a la inteligencia de todos los argentinos".
Sobre el ex comisario Palacios "es evidente que no es claramente ni inepto ni torpe, todo lo que hizo y no hizo, fue para eludir la línea de investigación que podía afectar al gobierno de Menem, como ya había sido decidido por una necesidad de preservación y supervivencia, culminando ello con una premiación al ser designado jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA)".
"Estimamos que en el accionar inepto de Palacios, se concreta la decisión de encubrir todo aquello que se vinculara con la hipótesis que surgía clara de la causa y, pasando por Kanoore Edul, afectaba potencialmente a Carlos Saúl Menem", agregaron los jueces.
"A partir del 1º de agosto -día en que se debían llevar a cabo los allanamientos de los domicilios de Alberto Jacinto Kanoore Edul-, como dijéramos, el curso de la causa dio un vuelco fundamental", reseñaron.
Desde ese momento, en coincidencia con el llamado a la Casa de Gobierno y desde allí a Galeano, "se comenzó a obrar con la finalidad de favorecer al nombrado".
Galeano habría convalidado todo "con su silencio" y "complacencia" ante "la larga lista de las extrañas situaciones luego constatadas, no puede ser tomada ingenuamente como un desafortunado conjunto de negligencias y torpezas por parte de casi todos los que tuvieron algún tipo de intervención en las diligencias aludidas".
Por el contrario, advirtieron, "da cuenta de una explícita decisión para diluir las sospechas que pudieran existir sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul y su entorno con relación al atentado a la sede de la AMIA".
Anzorreguy y Galeano sumaron con esta confirmación dos procesamientos firmes por AMIA, el primero de ellos por el pago ilegal de 400 mil dólares al ex acusado Telleldín.
Palacios, por su parte, está detenido en otra causa, la que investiga las escuchas telefónicas ilegales hechas a un familiar de víctimas de AMIA, Sergio Burstein, cuando era jefe de la Policía Metropolitana porteña.
Fuente: Telam
