Junto a Martínez Ruiz (alias “Pájaro”) y al ex agente de la SIDE Rufo (alias “Zapato”) también ocupan un lugar en los banquillos de los acusados el general (r) Eduardo Rodolfo Cabanillas y el ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Raúl Gulielminetti (“Mayor Guastavino”).
En el veredicto se conocerá si los camaristas Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas recogen favorablemente el pedido del fiscal Guillermo Friele quien imputó a los represores por los delitos de "privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos” en perjuicio de 65 víctimas y una media docena de “homicidios calificados”.
Desde el 3 de junio de 2010, cuando comenzó el proceso, los jueces del TOF1 escucharon más de ocho decenas de testimonios, entre ellos varios de sobrevivientes, que narraron los secuestros y la crueldad de los tormentos que recibían los prisioneros en ese centro clandestino de detención que funcionaba en la calle Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, en el metropolitano barrio de Floresta.
"Automotores Orletti" era una vieja casona de dos plantas con frente similar a la fachada de un taller mecánico, hoy conservado como "sitio recuperado para la memoria", también conocido como "El Jardín" y fue alquilada por agentes de la SIDE para ser base operativa del denominado “Plan Cóndor” diseñado por dictaduras latinoamericanas para perseguir a opositores políticos.
En sus respectivos alegatos Friele reclamó la pena de prisión perpetua para Cabanillas, y 25 años de prisión para Martínez Ruiz, Guglielminetti y Ruffo, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) quienes actúan como querellantes.