Entre los contenidos, debe incluir las leyes provinciales generales vigentes a la fecha de promulgación de la norma que apruebe el Digesto Jurídico, y un anexo con las leyes provinciales no generales o de alcance particular. Asimismo, un anexo de los decretos vigentes emitidos por el Poder Ejecutivo de la provincia, y del derecho histórico de la provincia o derecho positivo no vigente, ordenado por materias, entendiendo por el mismo las leyes provinciales que por derogación, abrogación, subrogación, cumplimiento de su objeto, transitoriedad, vencimiento del plazo o desuso, carecen de eficacia.
También, un anexo con la referencia y contenido de normas de extraña jurisdicción que se hallen mencionadas en las normas vigentes en el orden provincial, o aquellas aprobadas por organismos supranacionales de integración regional en los que la provincia sea parte, un anexo con las cartas orgánicas municipales.
Para la integración e interpretación del ordenamiento jurídico local, el derecho histórico mencionado anteriormente tiene valor jurídico equivalente a los principios generales del derecho en los términos del artículo 16º del Código Civil.
Para el cumplimiento del objetivo delineado, se emplearán las técnicas de recopilación que abarca la clasificación, depuración, inventario y armonización de la legislación vigente y un índice temático ordenado por categorías, de unificación, que importa la refundición en un solo texto legal o reglamentario de normas análogas o similares sobre una misma materia o temática, señalando al pie de pagina la referencia normativa correspondiente, distinguiendo la ley de origen y sus posteriores modificaciones, de ordenación, que traduce la aprobación de textos ordenados, compatibilizados en materias varias veces reguladas o modificadas parcialmente.
Por otra parte, el Poder Legislativo será el responsable de la elaboración del Digesto Jurídico de la provincia, en relación a los contenidos, a lo que se agrega que el Poder Ejecutivo será el responsable de la elaboración de los derechos vigentes debiendo proceder en ambos casos conforme las pautas establecidas en la ley.
A su vez, las presidencias de ambas Cámaras Legislativas -en uso de sus atribuciones- constituirán una Unidad Ejecutora de elaboración del Digesto Jurídico de la provincia, cuyas funciones y metodologías de trabajo, estarán sujetas a la reglamentación que dicten las mencionadas presidencias al tiempo de su constitución.
Al mismo tiempo, podrá solicitar a todos los organismos públicos de la provincia la información que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, pudiendo requerir el asesoramiento académico, técnico e informativo de universidades y centros de investigación.
{adr}Del mismo modo, se creará en el ámbito de la Legislatura, una Comisión Bicameral de Seguimiento del Proyecto de Digesto Jurídico, la que estará integrada por seis diputados y cuatro senadores, designados por cada una de las Cámaras, respetando la composición de las mismas y la participación de las minorías, que al tiempo de su designación formen -en lo posible- parte de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
Esta Comisión tendrá como funciones, la supervisión general y seguimiento de las tareas de la Unidad Ejecutora constituida en el ámbito del Poder Legislativo y de las acciones encomendadas al Ministerio de Gobierno y Justicia del poder Ejecutivo acompañado el proceso de elaboración del Digesto Jurídico provincial. De igual manera, será autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo atender todas las situaciones emergentes que puedan suscitarse en el cumplimiento de la misma.
Perna detalla que este proyecto tiene como finalidad “ordenar, sistematizar y mantener actualizado el derecho positivo vigente en el ámbito de la provincia, a partir de la aplicación de una serie de principios y procedimientos para ensamblar un régimen de consolidación jurídica que se plasma en lo que comúnmente se conoce como Digesto Jurídico”.
