A través de un comunicado, el ministro defendió la política de desendeudamiento del Gobierno nacional y recordó que "la mayoría de los legisladores de la oposición pertenecen a fuerzas políticas que integraron gobiernos que promovieron un megaendeudamiento de la Argentina que empujó al país al default durante la crisis de 2001".
"Tener deuda es tener un país dependiente, por ello es un desafío patriótico mantener la política de desendeudamiento para sacar a la Argentina del default y llegará el día en que podamos afirmar que nuestro país no le debe un peso a nadie”, sostuvo.
Alak consideró que "resulta insólita la actitud de los legisladores de la oposición, que, habiendo formado parte de las administraciones que hipotecaron a la Argentina, hoy utilizan cualquier herramienta para evitar que este gobierno libere al país de esta pesada herencia”.
Asimismo, el ministro de Justicia manifestó que "en 1976, cuando fue destituido el gobierno democrático de entonces, la deuda externa ascendía a 7.000 millones de dólares. La dictadura militar y gobiernos civiles que la sucedieron produjeron un aumento sideral del pasivo nacional que hizo eclosión con el corralito de 2001 y el default de principios de 2002”.
"Con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina se inició una etapa económica de crecimiento y superávit fiscal y comercial que produjo una notable acumulación de reservas y reducción de la deuda. Mientras que en 2003 representaba el 147 por ciento del PBI, hoy sólo equivale al 39 por ciento”, explicó.
Por último, Alak afirmó que "es legal, legítimo y correcto utilizar reservas excedentes para cancelar deuda externa”, al tiempo que indicó que "contrariamente a lo que sostienen los profetas del fracaso, tiene más valor la moneda de un país desendeudado que la de uno hipotecado por la irresponsabilidad de gobiernos anteriores”.
En ese sentido, el ministro destacó que "con el Fondo del Desendeudamiento, que la oposición se obstina en obstruir, la Argentina ahorrará mil millones de dólares, que equivalen, por ejemplo, a la construcción de 2.000 escuelas o 400 hospitales”.
"Los legisladores no deberían judicializar las decisiones políticas del Poder Ejecutivo Nacional, máxime cuando el congreso está en sesiones ordinarias y, por lo tanto, pueden plantear sus posiciones respecto de los actos administrativos del Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia, tal como sostiene la mejor doctrina constitucional”, concluyó.
Fuente: Télam.com.ar
