En las últimas semanas, la Audiencia Nacional de España rechazó dos extradiciones de ciudadanos españoles que la jueza Servini de Cubría había solicitado en septiembre pasado, con el argumento de los delitos por los que fueron imputados se cometieron hace más de diez años y están prescriptos de acuerdo a la ley española.
En diálogo con Télam, luego del encuentro que se llevó a cabo hoy en la sede de la Embajada, Beltrán relató que le solicitaron al embajador "que se cumpla con la obligación internacional de investigar y extraditar a quienes corresponde como lo establece un gran número de instrumentos y órganos de derechos humanos".
Ambos directores ejecutivos de las secciones argentina y española de la organización internacional de derechos humanos también le pidieron al juez que se reúna con los familiares de las víctimas que integran la querella en la causa que lleva adelante la jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría.
Beltrán y Belski se reunieron además con familiares querellantes en la causa seguida en Argentina por los crímenes del franquismo
Beltrán y Belski se reunieron además con familiares querellantes en la causa seguida en Argentina por los crímenes del franquismo y la Guerra Civil Española y con funcionarios de la Cancillería argentina.
A su vez, Beltrán recordó que "en el corto plazo el gobierno español se enfrentará a lo que se llama el examen periódico universal de Naciones Unidas y por otro lado, al análisis del Comité contra la Tortura en Naciones Unidas".
"Si el gobierno español no hace nada, profundiza la visión acerca de que España está incumpliendo con su obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de crímenes de derecho internacional, que no prescriben", destacó Beltrán.
Por su parte, Belski, indicó que fueron bien recibidos por el embajador y señaló que "en el marco de ese examen de Naciones Unidas que se realizará el año próximo año, instaremos a los gobiernos a que le pregunten a España cómo procederá en relación a las acciones iniciadas por ejemplo en la Argentina, sobre los crímenes del Franquismo y de la Guerra Civil Española".
La causa que se tramita en la Argentina se apoya en que, de acuerdo al derecho internacional, todos los Estados están facultados para ejercer su jurisdicción penal, con el objetivo de terminar con la impunidad.
De esta manera, desde Anmistía Internacional resaltaron que "España tiene la obligación de cooperar con ella, independientemente de que lleve adelante sus propias investigaciones, cosa que no está haciendo actualmente".
Fuente: Télam
