De acuerdo a la agencia Associated Press, en junio del año pasado, el tribunal aceptó tratar la demanda que la empresa British Gas inició contra la Argentina por la pesificación de las deudas durante la crisis de 2002 y el congelamiento de las tarifas aplicado a Metrogas, luego de que un tribunal arbitral de las Naciones Unidas le concediera una indemnización por ese valor, que luego fue revocada por una cámara de apelaciones de Washington.
En una votación de 7 a 2, la Corte indicó que el tribunal de apelaciones de Washington no tuvo la suficiente consideración con los árbitros al decidir el caso. El juez Stephen Breyer redactó el fallo por la mayoría.
Argentina alegó que BG, una empresa de exploración y distribución de gas natural, debería haber realizado primero una demanda en cortes argentinas. La compañía británica dijo que no quiso comenzar con una demanda local porque el Gobierno había tratado de restringir el acceso a la justicia y buscaba represalias contra los inversores que le demandaban.
El caso buscaba determinar si BG debería recuperar el dinero en base a que una decisión del Gobierno argentino de congelar los precios del gas en el 2002 violaba un tratado de 1993 entre la Argentina y el Reino Unido. Aquel acuerdo tenía como objetivo estimular la inversión extranjera, pero ante el colapso económico desatado a fines de 2001, el país impuso un congelamiento de la tarifas tras anunciar una cesación de pagos de deuda soberana de US$100.000 millones.
Amparada por el tratado bilateral de protección de inversiones, BG acudió en 2007 a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI (o UNCITRAL, por sus siglas en inglés United Nations Commission for the Unification of International Trade Law). Este tribunal de la ONU le concedió a BG una indemnización, aunque menor a los US$23 millones solicitados por el demandante.
En 2010, un juez de primera instancia y luego, en 2012, la Cámara de Apelaciones de Washington, revirtieron esta decisión, al considerar que este tipo de casos deben resolverse ante jueces y no en tribunales arbitrales.
No obstante, el grupo británico argumentó que seguir el trámite en los tribunales argentinos no hubiera prosperado frente a los antecedentes judiciales por los cuales el Estado no fue penalizado por las medidas adoptadas durante la crisis del país, postura que fue atendida por el máximo tribunal norteamericano.
Fuente: diario26.com.ar
