Arslanian trabajó en el anteproyecto por encargo del poder ejecutivo nacional junto con el miembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el ex presidente del bloque radical de diputados y también camarista del Juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra, el presidente del bloque Pro Federico Pinedo y la ex diputada socialista e integrante del Frente Amplio Progresista, María Elena Barbagelata.
En relación a las reformas que sufrió el código penal desde 1921 Arslanian indicó que "fueron introducidas nada menos que 900 reformas" y advirtió sobre las dificultades de "concebir a la ley penal como un talismán con poderes mágicos. Un talismán capaz de regular y dominar la violencia y hacer que los delitos dejen de cometerse o reduzcan su intensidad".
Asimismo, Arslanian explicó que el código penal "no evita que quien delinque lo haga."
En la misma linea, indicó que "todas las reformas que sufrió el Código se hicieron bajo el imperio de circunstancias excepcionales" y agregó que "tienen los rasgos típicos de las leyes de emergencia promulgadas ante una ola de secuestros o robos de automotor".
"La experiencia nos muestra que esos delitos no disminuyeron por el cambio de penas. A veces incluso crecieron en frecuencia", aseguró el ex ministro de justicia.
Además, especificó que "subir penas no puede ser una panacea continua. Verlo así sería impregnarnos de la cultura de la emergencia".
"Nosotros queremos salir del régimen de emergencia que cambió todas las reformas sucesivas y desfiguró el Código Penal, desvirtuó la coherencia interna y le quitó racionalidad. No puede ser que castiguemos con una pena superior al robo que al homicidio", ejemplificó.
"Entonces, cuando justo cuando queremos adecentar el Código Penal y recuperar el equilibrio perdido entre el modo en que se protegen los bienes jurídicos en la ley penal, nos encontramos con reacciones que nada tienen que ver con un debate ordenado", sostuvo.
"Parece un recurso sencillo para atemorizar a la opinión pública con propuestas nada pertinentes como convocar a una consulta popular", aseveró Arslanian.
Por otro lado, aclaró que el artículo 40 de la Constitución establece con claridad que el Congreso puede someter un proyecto de ley a consulta popular, pero no para oponerse a un anteproyecto.
"Lo importante es trazar políticas criminales en materia penal con conocimiento de circunstancias fácticas. Así el Estado puede intervenir con todos sus recursos, reducir violencia y reducir los perjuicios en los conflictos severos que se dan en la marginalidad y en los sectores de exclusión", señalo Arslanian.
"Preferimos las penas que se cumplen, aunque no se agoten siempre en el encarcelamiento", afirmó el jurista y añadió: "No más libertad condicional. Hoy alguien condenado a 12 años, a los 8 sale con libertad condicional. Incluso puede ser antes, por el régimen vigente".
"Los redactores del anteproyecto preferimos que esa persona cumpla el tercio remanente con otra pena: prisión domiciliaria, trabajos con la comunidad o lo que fuere útil", detalló Arslanian para completar que "el peso de lo institucional sobre el infractor debe ser real y el Estado debe ser responsable de que se cumpla".
Por otra parte, aclaró que "la pena cumple una misión resocializadora para que la persona no vuelva a delinquir. Y también debemos demostrar que quien delinque cumple una pena y tiene un castigo. Pero deben ser castigos racionales, porque no resolveremos todo con perpetuas".
En relación a la prisión perpetua remarcó que escuchó críticas a que la perpetua no figura en el anteproyecto y aclaró que "con el Código Penal vigente hoy no hay nadie con perpetua en la cárcel".
"La perpetua no existe en los hechos porque los presos recuperan la libertad a los 35 años. Entonces no usemos algo que en la realidad no es tal. No nos llenemos la boca con falsedades", marcó Arslanian.
Fuente: Télam
