De esta forma, en menos de un año, se recibieron más de 1.900 llamados telefónicos desde todo el país y se presentaron a declarar de manera presencial más de 200 personas interesadas en ingresar al Fondo Permanente de Recompensas, mientras otro número importante de ciudadanos ofrecieron información de manera anónima y desinteresada.
Hasta el momento se logró la restitución de 110 jóvenes víctimas del delito de sustracción de menores durante el terrorismo de Estado, y aún restan encontrar cerca 400 víctimas más.
La Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, destacó en su informe anual que "el flujo de casos ingresados a esta Unidad creció a partir de la creación del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas y su Fondo de Recompensas".
La Resolución 409 firmada por el ministro Julio Alak y publicada hoy en el Boletín Oficial, que aumenta de 100.000 a un millón de pesos la recompensa ofrecida; mantiene la prohibición para otorgársela a los funcionarios o empleados públicos y el personal que pertenezca o haya pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del Estado.
Del mismo modo, los integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y sus familiares, también quedan exentos del cobro de la recompensa.
En tanto, las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas al (011) 5300-4020.
Fuente: Télam