En los fundamentos del proyecto, se consignó que el "permanente avance de la tecnología en materia de prevención e investigación de hechos delictivos reclama la revisión de marcos regulatorios para dar respuestas concretas a la ciudadanía y dotar a la justicia de nuevas herramientas en la investigación de delitos".
Se explicó que en la provincia "más de 40 municipios cuentan con centros operativos de monitoreo, previéndose en lo inmediato su extensión a todos los distritos del territorio bonaerense, lo cual, además de contribuir a mejorar la seguridad ciudadana mediante la prevención, ha permitido profundizar la identificación y detención de autores y partícipes de hechos delictivos".
También se hace referencia a que los llamados a las líneas de emergencia "son efectuados por lo general momentos después de cometidos los hechos ilícitos, obteniéndose datos relevantes tanto para impedir su consumación como para motorizar su persecución y constituyen una herramienta valiosa para promover investigaciones a través de denuncias de identidad reservada".
El Poder Ejecutivo aclaró que si bien el Código Procesal Penal actual "avalaría la utilización de estos medios de prueba, lo cierto es que existe en la provincia diversidad de criterios sobre su validez, generándose no sólo incertidumbre, sino que además corriéndose el riesgo de frustración de los fines del proceso".
En ese marco, el proyecto aprobado ayer pretende regular la utilización en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y en la etapa de juicio de las grabaciones obtenidas.
En la sesión de ayer, el Senado aprobó además la creación de unos 150 nuevos cargos para la justicia y el proyecto que habilita al Estado a destruir las armas que fueron decomisadas en las causas penales que tramitan en los juzgados "residuales", es decir las que se rigen por el anterior Código de Procedimiento.
El gobernador Daniel Scioli se mostró satisfecho "porque tanto el Congreso Nacional como la Legislatura provincial están avanzando en proyectos pendientes en materia de seguridad".
"Es muy importante que se den estos debates en el marco del Congreso Nacional y también en nuestra Legislatura, porque la actualización de la legislación vigente nos va a permitir readecuar todo lo que es la articulación entre los tres niveles del Estado para luchar contra el delito que va tomando distintas formas", graficó.
El senador oficialista Roberto Ravale, quien argumentó los proyectos en el recinto, sostuvo que Scioli "está ejerciendo acción".
"Hemos convocado al consejo de seguridad y (Scioli) se ha puesto al frente de la lucha contra la inseguridad", dijo y consideró que con estas leyes "ha llegado la hora de que el poder judicial se ponga los pantalones largos mirando a la gente en vez de a la doctrina".
Se explicó que en la provincia "más de 40 municipios cuentan con centros operativos de monitoreo, previéndose en lo inmediato su extensión a todos los distritos del territorio bonaerense, lo cual, además de contribuir a mejorar la seguridad ciudadana mediante la prevención, ha permitido profundizar la identificación y detención de autores y partícipes de hechos delictivos".
También se hace referencia a que los llamados a las líneas de emergencia "son efectuados por lo general momentos después de cometidos los hechos ilícitos, obteniéndose datos relevantes tanto para impedir su consumación como para motorizar su persecución y constituyen una herramienta valiosa para promover investigaciones a través de denuncias de identidad reservada".
El Poder Ejecutivo aclaró que si bien el Código Procesal Penal actual "avalaría la utilización de estos medios de prueba, lo cierto es que existe en la provincia diversidad de criterios sobre su validez, generándose no sólo incertidumbre, sino que además corriéndose el riesgo de frustración de los fines del proceso".
En ese marco, el proyecto aprobado ayer pretende regular la utilización en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y en la etapa de juicio de las grabaciones obtenidas.
En la sesión de ayer, el Senado aprobó además la creación de unos 150 nuevos cargos para la justicia y el proyecto que habilita al Estado a destruir las armas que fueron decomisadas en las causas penales que tramitan en los juzgados "residuales", es decir las que se rigen por el anterior Código de Procedimiento.
El gobernador Daniel Scioli se mostró satisfecho "porque tanto el Congreso Nacional como la Legislatura provincial están avanzando en proyectos pendientes en materia de seguridad".
"Es muy importante que se den estos debates en el marco del Congreso Nacional y también en nuestra Legislatura, porque la actualización de la legislación vigente nos va a permitir readecuar todo lo que es la articulación entre los tres niveles del Estado para luchar contra el delito que va tomando distintas formas", graficó.
El senador oficialista Roberto Ravale, quien argumentó los proyectos en el recinto, sostuvo que Scioli "está ejerciendo acción".
"Hemos convocado al consejo de seguridad y (Scioli) se ha puesto al frente de la lucha contra la inseguridad", dijo y consideró que con estas leyes "ha llegado la hora de que el poder judicial se ponga los pantalones largos mirando a la gente en vez de a la doctrina".
Fuente: Télam
