El objetivo principal del proyecto es buscar una mayor protección de los datos personales e “incentivar el crédito a partir de este ‘borrón’ que permite eliminar las injusticias”, explicaron los autores de las iniciativas en sus respectivos fundamentos.
“Actualmente más de un tercio de la población económicamente activa esta imposibilitada de tomar créditos por encontrarse incluida en bases de datos como Veraz, Equifax, Activa, Nosis, o Fidelitas, entre otras”, precisaron los especialistas de la Comisión de Asuntos Constitucionales que estudian el tema.
El texto de la iniciativa se terminó de definir la semana pasada en una reunión de los asesores de las diferentes bancadas, que reunieron los diferentes proyectos existentes sobre el tema. De hecho, ayer estaba previsto que la Comisión emitiera dictamen para que pase luego a su análisis en la Comisión de Finanzas, pero fue imposible reunir el quorum.
El dictamen establece la “eliminación de registros de morosidad incluidos en bases de datos que proveen informes comerciales a todas las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la norma tengan canceladas o regularizadas sus deudas bancarias, comerciales o financieras”.
“Existen deudas muy bajas, incrementadas por intereses, que están mal informadas, canceladas o regularizadas; o casos en los que no fue informada la regularización; que a partir de la aprobación de este proyecto serán justamente eliminadas de esas bases de datos”, explicaron.
En el texto unificado se contemplará también la gratuidad de los informes elaborados por las empresas que ofrecen los registros y que actualmente cobran, como mínimo, entre 40 y 50 pesos; y se prevé que no exista un tiempo mínimo entre el pedido de un informe y el siguiente.
“Esto apunta, básicamente, a la protección de datos personales de las personas para que puedan acceder a los informes existentes sobre sus estados patrimoniales y financieros cuando lo deseen”, explicaron.
El nuevo texto, modificatorio del artículo 26 de la ley 25.326, establece también la “notificación previa a las personas que estén en situación de figurar en los registros, con un plazo razonable de forma tal que les permita defenderse por los datos mal aportados o para que puedan aclarar que la deuda ya fue cancelada”.
“Hay gente que ha sacado plan de financiación para comprar una plancha o algún otro electrodoméstico chico, que se atrasó en una cuota, lo que le generó intereses, y le impide acceder a un nuevo crédito, siendo que esta situación no es grave y se lo deja afuera del sistema”, explicó el diputado Rubén Yazbek, uno de los autores de la iniciativa.
“Este proyecto apunta a beneficiar a ese tipo de individuo, no al que es deudor crónico o irrecuperable”, aclaró el legislador catamarqueño del Frente para la Victoria.
Indicó, también, que "en la actualidad se da la situación de que si una persona se encuentra informada como morosa en distintos bancos de datos como Veraz, aunque regularice o cancele la deuda queda en los registros por un mínimo de dos años, dejando a la persona inhabilitada para la obtención de futuros créditos".
"Para evitar afectar crediticiamente a las personas por cifras irrisorias, en el proyecto se propone que no se califique el estado de morosidad cuando la deuda de capital sea inferior a los 10.000 pesos al momento de la mora", agregó el diputado.
Al proyecto de Yazbek, tomado como base para elaborar el dictamen, se le sumaron aportes de los presentados oportunamente por Sergio Pansa (Frente Peronista), Ivana Bianchi (Frente Peronista) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
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