En ese sentido, el gobernador Beder Herrera, acompañado por el diputado nacional, Jorge Yoma, mantuvo días atrás una importante reunión de trabajo con el secretario Legal y Técnico de la Nación, Carlos Zanini.
El legislador nacional precisó que, en primer término, el gobernador expresó su preocupación por un fallo de la Procuración General de la Nación contra una empresa de la provincia de San Luis, a partir de una apelación efectuada por la AFIP, ante la presentación de la empresa ante la justicia para que se le actualicen los bonos de crédito fiscal, que nunca se actualizaron tras la época de la convertibilidad, del 1 a 1, por lo que se encuentran totalmente desvalorizados.
La inquietud del mandatario provincial obedece a que esa misma presentación fue efectuada por diferentes empresas de la provincia de La Rioja ante la Justicia Federal riojana, donde se obtuvo un fallo favorable en primera instancia y de darse una situación similar a la apelación de la AFIP ante la Corte Suprema de la Nación, se estarían afectando seriamente los derechos de las empresas y los trabajadores, no tan sólo de la provincia, sino de la región.
Por eso se puso en conocimiento al secretario Legal y Técnico de la Gobernación sobre esta situación, para que incluso en el caso que se generalice y se rechace desde la justicia lo planteado por las empresas, se pueda alcanzar una solución política, que sería lo justo.
Yoma destacó que el otro tema de la reunión, planteado por el gobernador Beder Herrera, fue la necesidad de reabrir las discusiones para la elaboración del convenio que permita poner en práctica el decreto presidencial N° 699, de prórroga de la promoción industrial.
El diputado nacional expresó que el gobernador se mostró muy firme en su decisión de no firmarlo en las actuales condiciones que establece el Ministerio de Industria de la Nación, porque altera el espíritu y la letra del decreto firmado por la Presidenta y por eso se pretende recomenzar las negociaciones, pero directamente en el seno de la Presidencia de la Nación. La idea es convocar a los equipos técnicos de la provincia para que se reúnan con sus pares nacionales y se avance definitivamente en la redacción del convenio.
Jorge Yoma explicó que el primer problema es que se pondría como autoridad de aplicación del régimen al Ministerio de Industria de la Nación, lo que obligaría a las provincias nuevamente a peregrinar por la burocracia del Estado Nacional en busca de un beneficio que está generado por el decreto presidencial.
Además, los otros puntos en desacuerdo son los incentivos fiscales, que son insuficientes para atraer nuevas inversiones, tanto para las empresas que quieran ampliar sus plantas como para las que quieran llegar a la provincia, como la desgravación impositiva sobre el 40% de la masa salarial de las empresas y también se reclama por un cupo fiscal que hoy es muy exiguo. (El Independiente)
