Todos están acusados de homicidio, privación ilegal de la libertad calificada y asociación ilícita agravada, por el secuestro y desaparición de militantes montoneros durante la última dictadura.
En su resolución, los camaristas Martín Irurzún y Horacio Cattani volvieron a declarar la "inconstitucionalidad" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, como ya lo hicieron en anteriores fallos vinculados a violaciones de derechos humanos entre 1976 y 1983..(Télam).-