El sacerdote había sido condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón el 10 de junio pasado, pero no dispuso su detención hasta que esa condena quedara firme.
La fiscalía y los tres abogados querellantes apelaron esa decisión ante la Cámara de Garantías y solicitaron que el cura quede detenido, basándose en el peligro de fuga y en la magnitud de los delitos por los que se lo condenó.
La defensa de Grassi presentó otro recurso ante la Cámara para que no sea este tribunal sino Casación la que resuelva las apelaciones de los querellantes. Los camaristas rechazaron este recurso de la defensa por lo que los letrados recurrieron a la sala II de Casación Bonaerense, a través de un recurso de hábeas corpus, que hoy ordenó a la Cámara no expedirse sobre la cuestión.
De esa manera, Casación resolvió que las apelaciones sean analizadas más adelante y no esta semana por la Cámara, tal como estimaban la fiscalía y los tres querellantes. La Sala I de la Cámara de Garantías tenía previsto resolver a la brevedad esos pedidos de detención inmediata atento a que, según estimaciones judiciales, el plazo para que el tema sea revisado en Casación no bajaría de un año.
Daniel Cavo, abogado defensor de Grassi, dijo a Télam que "la Cámara de Garantías no tiene competencia para revisar sentencias".
El letrado aseguró que "como el régimen de libertad está incluido dentro de la sentencia, no es materia de revisión de los jueces de Garantías sino del Tribunal de Casación". "La resolución de mantener la situación de libertad no puede ser revisada por otro organismo, sino que tiene que resolverse a través de una nueva sentencia y la única autorizada para dictarla es Casación no la Cámara", dijo el abogado.
Cavo consideró que una eventual detención de su defendido "técnicamente no es un recurso que pueda resolver la Cámara" y consideró que la querella y la fiscalía "quisieron presionar a los camaristas para que la posible detención se resuelva en esa instancia, cuando no está autorizada legalmente para hacerlo".
Por su parte, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, dijo a Télam que "es la primera vez que un hábeas corpus preventivo actúa antes de una decisión posible de un tribunal" y añadió que debía leer los detalles del fallo de Casación "ya que el fiscal de esa instancia tampoco estaba anoticiado de este dictamen".
La Cámara de Garantías de Morón tenía la opción de determinar que la situación de Grassi siguiera igual, que tuviera algunas restricciones a su libertad o que quedara detenido mientras la condena quede firme.
Después de 200 audiencias, cuando habían pasado casi diez meses de juicio, el TOC N 1, integrado por Jorge Carrera, Mario Gómez y Luis Andueza condenó a Grassi a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, pero lo dejó en libertad hasta que la sentencia quede firme.
El fallo acreditó sólo tres hechos de los 17 denunciados, en perjuicio de un joven conocido como Gabriel, que fue representado por el abogado Sergio Piris.
En tanto, las denuncias de Luis -cuyo abogado es Jorge Calcagno- y de Ezequiel -representado por Juan Pablo Gallego a través del Comité Argentino de la Convención Internacional de Derechos del Niño (CASACIDN)- fueron desestimadas como parte de la acusación en el fallo del TOC N 1. Por ese motivo, ni la querella, ni la fiscalía ni la defensa de Grassi quedaron conformes con el fallo.