En una resolución de sólo dos carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos concedieron el "recurso de casación" interpuesto por la fiscalía y accedieron tratar la cuestión que, dijeron, "representa gravedad institucional".
Los magistrados recordaron que "se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar la efectiva investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la última dictadura" que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
Etchebarne presidió la CNV que fue una herramienta política del Ministerio de Economía, por entonces a cargo de su amigo José Alfredo Martínez de Hoz, y usó su maquinaria administrativa para perseguir a empresarios y financistas, una parte de los cuales terminaron secuestrados y varios de ellos desapoderados de sus bienes.
El juez Rafecas consideró que "la investigación pone de relieve la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, motorizada desde la Comisión Nacional de Valores y ejecutada por oficiales militares, personal civil de Inteligencia y oficiales de gendarmería nacional."
Las víctimas estuvieron secuestradas en la cárcel de encausados de Campo de Mayo y pertenecían a dos grupos empresarios con relaciones de parentesco o laborales: el grupo Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi, que intervinieron directa o indirectamente en la compra del Banco de Hurlingham de los Graiver.
"Bajo falsas acusaciones de haber cometido delitos de ´subversión económica´, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento", indicaron las fuentes.
Fuente: Télam