El inicio del debate será a las 9 en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, ciudad ubicada a 230 kilómetros al sur de la capital.
El fiscal indicó que "si no se termina con la extensa lectura, se concluirá el martes 30 para dar inicio formal al debate oral el 10 de febrero, luego de la feria judicial".
Este segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael y cuarto en Mendoza, tendrá sobre el banquillo de los acusados a 26 imputados por 61 hechos como desapariciones, detenciones ilegales, torturas, robos y otros delitos contra 73 víctimas en cinco causas acumuladas.
De los 26 imputados se destaca Stuhldreher, nacido en San Luis, quien fue detenido en 2013.
Sobre él caía un pedido de captura nacional e internacional por delitos de lesa humanidad y se ofrecía una recompensa de 100.000 pesos y fue encontrado en la casa de una de sus hijas, en un barrio privado de Luján de Cuyo.
En democracia, el ex intendente de facto regenteó una empresa de seguridad privada que tuvo a cargo hasta 2002 la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina.
Durante el gobierno de Julio Cobos, en la gestión de Roberto Grillo como ministro de Seguridad, tuvo a su cargo la Dirección de Logística hasta 2005.
Durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael, Stuhldreher logró eludir el proceso a través de artilugios jurídicos, como la la falta de mérito dictada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, lo que le permitió que fuera desvinculado de 20 causas que pesaban sobre él.
Sin embargo, ese beneficio le fue revocado por decisión del juez Eduardo Puigdéngolas, a cargo del Juzgado Federal, ante una nueva denuncia en su contra que fue realizada por el hijo de una de sus víctimas, Mariano Tripiana, y ahora, finalmente, cuando comience este juicio, Stuhldreher deberá rendir cuentas de sus actos.
Por otra parte, miembros del Cuerpo Médico Forense se ocuparon esta semana de realizar las revisaciones médicas clínicas y psiquiátricas para que todos los imputados puedan estar presentes en la sala de debate.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) filial San Rafael, su presidente Richard Ermili opinó que este nuevo juicio "además de la necesaria administración de justicia por crímenes aún impunes después de 38 años, es fundamental para consolidar un cambio cultural en una localidad moldeada por la hegemonía de medios cómplices o indiferentes".
"Me parece que ´ventilar´ los hechos terminará derribando una enorme cantidad de fábulas políticas e históricas increíblemente aún vigentes en San Rafael, y que hoy pretenden resurgir de la mano de los familiares de los represores genocidas", expresó Ermili.
Estas 26 personas imputadas, 15 de las cuales están detenidas, siete con prisión domiciliaria y cuatro en libertad, surgieron de la masiva orden de detención de 35 personas dictada en 2012 por el juez Federal Puigdéngolas, tras el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad desarrollado en el 2010 y que terminó con cuatro condenados.
Según el cronograma previsto para este nuevo juicio, las audiencias serán los martes y miércoles y se estima que el proceso se prolongará al menos unos seis meses dado que se espera la declaración de unos 150 testigos que incluyen a víctimas.
El tribunal que llevará adelante el juicio está integrado por Fátima Ruiz, de Capital Federal y quien presidirá el tribunal; Héctor Cortez, titular del Tribunal Oral Federal de Mendoza; Díaz Lacaba, de La Pampa; y aún falta designar al cuarto juez suplente, con la fiscalía a cargo de Dante Vega y Pablo Garciarena.
Mientras tanto, integrantes de la APDH y demás agrupaciones políticas y sociales planean una jornada previa de vigilia y acompañamiento a las víctimas y sus familiares, en un pedido unísono de justicia.
Fuente: Télam
