De los trece imputados acusados por 85 desapariciones y 20 secuestros cometidos por el terrorismo de Estado, declararán 11 ya que el ex jefe de la Segunda Sección del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares Mario Guillermo Ocampo se encuentra prófugo, y Alfredo Sotera presentó certificados que lo excluyen de asistir al juicio.
Hasta el momento, la jueza Vence dictó prisión preventiva domiciliaria a 5 represores imputados en la causa Contraofensiva montonera, una frustrada operación político-militar realizada por la organización armada entre 1979 y 1980 para derribar al régimen militar.
La instrucción comenzó el 19 de febrero en la sede tribunalicia ubicada en avenida Pueyrredón 3728, de San Martín, y el primer represor indagado fue Roberto Dambrosi, quien revistó como jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601 entre 1979 y 1980, imputado en 89 delitos, y a quien la jueza dictó la prisión domiciliaria.
En la misma situación se encontró el segundo indagado, Raúl Muñoz, ex intendente interventor de Florencio Varela durante el golpe de Estado, y que actuara como jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982, acusado en 47 casos.
Carlos Carpani Costa fue el tercer detenido con prisión domiciliara imputado en 90 delitos durante su jefatura al frente del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares entre 1979 y 1980.
El cuarto represor con prisión domiciliaria fue Ricardo Pianta, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien se desempeñara como jefe del Departamento Operaciones del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares entre diciembre de 1979 y noviembre de 1980 y quien se negara a declarar.
Jorge Norberto Apa, ex jefe de la división Inteligencia "Subversiva Terrorista" del departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército entre 1979 y 1980, fue el quinto represor a quien la jueza Vence dictó la prisión preventiva.
Los abogados de la querella presentaron un escrito a la jueza Vence para que el Cuerpo Médico Forense constate el estado de salud de los acusados con prisión domiciliaria que presentaron certificados médicos particulares, y solicitan que se revoquen aquellas en las que los acusados pueden tratarse en hospitales públicos.
La causa se encuentra en etapa de instrucción y los familiares, querellantes, comisiones de derechos humanos y sobrevivientes que participan activamente en la investigación, reclaman que la imputación se amplíe a "todos los estratos de las fuerzas militares que tuvieron responsabilidad en secuestros, tormentos, robos, asesinatos y desapariciones", que según la reconstrucción de los hechos efectuada alcanza a unos ochenta represores.
De acuerdo con esa investigación, los responsables pertenecerían al Estado Mayor del Ejército, la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército, el Batallón 601 de Inteligencia, el destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo y el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
Las audiencias continuarán el martes a las 10, con la indagatoria a Marcelo Cinto Corteaux, ex jefe de la Primera Sección de Ejecución perteneciente al Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares durante la dictadura cívico militar.
Fuente: Télam
