"Hay elementos para sostener que los servicios de intermediación para conseguir la licitación incluía la entrega de dinero destinado a funcionarios y la utilización de un entramado de sociedades para canalizar esos pagos y disimularlos a través de la firma de contratos con prestaciones ficticias", sostuvieron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah en una resolución de 56 carillas con intervención del secretario Pablo Herbón.
En la causa se investiga el pago de sobornos en la tramitación de la licitación pública nacional e internacional de 1996 para la "Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de identificación de las Personas".
"De la prueba acumulada" surge que se constituyeron al menos dos sociedades en Panamá en 1998 y otra en Costa Rica para la circulación del dinero ilegal que derivó en la licitación ganada por Siemens, cuyo contrato anuló el Gobierno de la Alianza en el 2001.
Sin embargo, los camaristas dieron por probado que la empresa alemana siguió pagando sobornos hasta el 2007, en base a compromisos adquiridos previamente.
"Ante la imposibilidad de lograr una renegociación a los efectos de reducir los costos elevados del contrato, el 18 de mayo de 2001 se resolvió por decreto 669 su rescisión. Sin embargo, se encuentra lo suficientemente documentado que -hasta por lo menos el año 2007- Siemens continuó realizando pagos a raíz de promesas pendientes de cumplimiento cuyos destinatarios habría sido el grupo comandado por (el ex miembro del directorio y lobbista de Siemens, Carlos) Sergi y ex funcionarios públicos", afirmaron los jueces.
"La intervención de los funcionarios públicos no puede quedar acotada únicamente a la receptación de sobornos, sino que debe ser analizada en un contexto más amplio. Es que, para que esto fuera posible, también se debió contar con la participación de funcionarios que direccionaran el trámite licitatorio, y cuyo actuar debe ser evaluado por el instructor en su aspecto objetivo y subjetivo", se añadió en la resolución.
Y se advirtió que "no puede perderse de vista que en uno de los documentos remitidos por Alemania se indica que los verdaderos receptores del dinero girado por Siemens a estas sociedades, habrían sido Carlos Saúl Menem, Carlos Vladimir Corach y Hugo Alberto Franco".
Los camaristas recordaron que "un mes antes de que el por entonces Ministro del Interior Corach suscriba el contrato con el empresa ya adjudicada, se pagó el 1 de septiembre de 1998 u$s 1.000.000 a la sociedad Master Overseas", vinculada a la maniobra.
Con esta decisión quedaron con procesamiento confirmado por cohecho activo Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Bernd Regendantz, Ernst Michael Bretchel, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ralph Matthias Kleinhempel, José Alberto Ares, Miguel Alejandro Czysch y Carlos Francisco Soriano.
Soriano fue el intermediario argentino en la maniobra y muchos de los demás procesados son ciudadanos alemanes que viven en ese país y fueron indagados allí por Lijo en un viaje hecho especialmente.
Los camaristas revocaron además los sobreseimientos de otros imputados y los dejaron con falta de mérito, sujetos a la investigación.
También se revocó el sobreseimiento de Aldo Omar Carreras, ex subordinado del ex ministro del Interior Carlos Corach.
Fuente: Télam
