La liquidación de la prestación de la Asignación Universal es para aquellos alumnos que se encuentren en una situación de "vulnerabilidad social", que no se despeja cuando asiste a un establecimiento privado de baja cuota y que recibe un subsidio
estatal.
La resolución de la ANSeS contempla el reclamo efectuado por la Defensoría del Pueblo de la Nación para que implemente con idéntico criterio al aplicado durante el 2010.
En declaraciones periodísticas, el Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, señaló: "Celebramos esta decisión por la que se va a continuar pagando la asignación por hijo durante este año a aquellas familias cuyos niños vayan a escuelas privadas que sean de bajos aranceles".
"Esto es un logro de todas las Defensorías y de todas las organizaciones sociales que se han quejado y que han ejercido presión social para obtener este logro", agregó Sella.
"Es una resolución que hasta este momento estaban en duda, porque no había una decisión definitiva acerca de si se iba a continuar pagando durante este año esa asignación a quienes concurrían a escuelas privadas. Bueno, efectivamente sí se va a continuar pagando", aseguró.
El reclamo de Sella se basó en la necesidad que "se implementen los mecanismos necesarios para ampliar los alcances de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, con el objeto de incluir a los niños, niñas y adolescentes residentes cuyo grupo familiar perciba otro tipo de subsidio o prestación asistencial sea nacional, provincial o municipal, como así también a quienes concurran a distintos establecimientos educativos de gestión privada.
En su recomendación, el Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo aseguró que la distribución de la Asignación Universal por Hijo "no podía basarse en la concurrencia a una escuela de gestión pública o privada, sino que debía encontrar fundamento en la situación socio-económica que atraviesa el grupo familiar y en consecuencia, la condición de vulnerabilidad social".
El defensor del Pueblo opinó que "las políticas de afianzamiento de la escuela pública son propias de las autoridades educativas, no de la Seguridad Social, quienes deben garantizar un piso mínimo de igualdad de oportunidades para que los menores puedan educarse".
“Los casos verificados de niños que concurren a colegios privados son 42.124 y sólo 8146 son de escuelas privadas de cuota cero”, había aclarado meses atrás el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo asegura que el beneficio es para unos 300 mil alumnos.
Es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado informal o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. Consiste en el pago mensual de 220 pesos para niños menores de 18 años y de 880 pesos para chicos discapacitados sin límite de edad.
Actualmente, 3.600.000 chicos y adolescentes son beneficiados con esta asignación. (Cadena 3)
