Entre las acciones delineadas, se contempló como prioritario institucionalizar la comunicación entre el cuerpo de personal a cargo de los establecimiento educativo definidos como prioritarios, por una parte, y el personal de la policía especializado en lo problemática de las drogas por la otra.
Para tal fin, se establecerá un manual de procedimiento que estará a disposición de los responsables de las unidades escolares, con el objetivo de establecer la metodología a seguir por parte del personal que se desempeña en las escuelas frente a casos de consumo de drogas que allí pudieran suscitarse, como así también, frente a los casos de oferta de ésta que pudieran detectarse.
Durante la reunión, surgió un debate en el que se consideró como oportuno establecer dos coordinadores de la cartera educativa y dos de la fuerza de seguridad a los efectos de empezar a ajustar las acciones en cuatro establecimientos educativos definidos como prioritarios, en una primera etapa.
Finalmente, se diagnosticó que el personal educativo de un establecimiento escolar, muchas veces cuenta con información respecto de la problemática de las adicciones, de manera que hay que consolidar la confianza entre ellos y el personal especializado de la policía, institucionalizando la relación entre las áreas educativas y de la seguridad para contribuir en la lucha contra ésta problemática, se explicó en la reunión.