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Los diputados frentistas analizaron el informe de la SIGEN

Consideran que estaría direccionado con un sentido marcadamente político

El bloque de diputados provinciales del Frente Cívico y Social(FCyS), consideran que el informe de la Sindicatura General de la Nación(SIGEN) en el que se revelan presuntas anormalidades en el manejo del Plan de Emergencia Alimentaria(PEA), "estaría direccionado con un sentido marcadamente político".

El bloque de diputados provinciales del Frente Cívico y Social(FCyS), consideran que el informe de la Sindicatura General de la Nación(SIGEN) en el que se revelan presuntas anormalidades en el manejo del Plan de Emergencia Alimentaria(PEA), "estaría direccionado con un sentido marcadamente político".

A esta conclusión llegaron luego de analizar, poner en dudas y cuestionar el decreto 1402 que modifica el artículo 8º del decreto 108 y por el cual los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán establecer los mecanismos para garantizar la intangibilidad y el destino de los fondos transferidos en el marco del Programa de Emergencia Alimentaria y su oportuna ejecución, y en caso de registrarse incumplimientos o la falta de empleo inmediato de los referidos fondos, el Ministerio de Desarrollo Social queda facultado para suspender su envío y destinarlos en forma directa e inmediata a la adquisición de alimentos, realizando su distribución con la celeridad que la emergencia requiere y/o diversificar las modalidades de ejecución e instrumentación, controlando que se brinde atención prioritaria a las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y riesgo de subsistencia.

La diputada Lucía Martínez, que ofició de vocera de la bancada frentista, sostiene que "a primera vista uno piensa que ese decreto modificatorio apunta a transparentar, pero si se recuerda la historia de lo que en 1999 ocurrió con la creación de los Centros de Distribución Secundaria, donde a todos los municipios del Frente Cívico y al gobierno de la provincia les quitaron la administración de los fondos alimentarios y le dieron a los municipios justicialistas, uno entiende que esto, en el marco de una contienda electoral como el que se está viviendo, pueden ser retirados los fondos para ser administrados por el Partido Justicialista. Ese sería el riesgo, o sea que es como que el Decreto está hecho en esa medida, y el informe de la SIGEN estaría direccionado en ese sentido, con objetivo marcadamente político".

En cuanto a la calidad del informe publicado por la SIGEN y teniendo en cuenta que la Dirección de Políticas Nutricionales giró la respectiva documentación, los diputados del oficialismo no dudaron en señalar que "lo que acá se da muy claro es que al informe, que es una mera auditoría, no tiene en cuenta la evolución de los precios y está desactualizado" y entienden que en la SIGEN "no se analizó el marco legal y jurídico en el cual se desenvuelve el proceso de compras en esta provincia, lo cual está a la vista".

Agregaron que "el tema que ellos no evaluaron es que las compras, al ser desglosadas en pro de mejorar los costos o de abaratarlos, lo cual no se refleja en el informe. El hecho de que diga que la información no fue acreditada no sabemos en qué se sustenta el decir eso, si están las firmas de los documentos que ellos recibieron y que en esta semana se le vuelve a entregar a la Nación".

Martínez, fue la encargada también de precisar y aclarar algunos datos basados en documentación que le fuera enviado al bloque del FCyS desde la Dirección de Políticas Alimentarias.

Según el organismo nacional, las anormalidades radican en demoras en el inicio de la ejecución del programa, errores en el proceso de gestión de compras, falta de un registro único de beneficiarios, demoras en la distribución de los bolsones e incumplimiento en las rendiciones de cuentas. En primer lugar la legisladora, destacó que Catamarca "recibió la revisión de cuentas del Programa Emergencia Alimentaria cuando recién estaba en condiciones de hacer la compra" y resaltó que en ese momento "no se podía contar con la disponibilidad de proveedores en el mercado". En este sentido rescató parte del informe elaborado por la Dirección de Políticas Nutricionales en el cual se explican las razones de las demoras en el inicio de la ejecución del programa.

"Sumado a los trámites administrativos respetando las leyes y reglamentaciones vigentes para la utilización de los mismos en las especiales circunstancias que se produjeron en el periodo de tiempo vivido en el país, (escalada del dólar, desabastecimiento de productos, incumplimiento de los proveedores en la entrega de los productos preadjudicados), determinaron el plazo de ejecución de los fondos, más los 19 días, es decir que ya hemos llegado a marzo y se preveía que se haga en febrero", dijo Martínez especificando la situación.

En relación a los errores en el proceso de gestión de compras, - siempre basándose en el informe de Políticas Nutricionales- la legisladora especificó que "el proceso de compras cumplió específicamente con los procesos establecidos a través del mecanismo de compras directas de excepción de la provincia de Catamarca, lo que se puede verificar mediante el análisis de los expedientes correspondientes".

Registro de beneficiarios

También la diputada Martínez ofreció datos en relación a lo apuntado por la SIGEN sobre la falta de un registro único de beneficiarios. "A Catamarca, como a cualquier otra provincia del país, le ocurrió que en el año 2000 durante la gestión de Graciela Fernández Meijide, se dio de baja a los programas ASOMA - de ayuda a los ancianos- y el PRANI, módulos alimentarios destinados a niños de 2 a 5 años que asistían a comedores", comentó y continuó explicando que el segundo de los programas mencionados "tenía una base de datos que era la mejor del país y en lugar de fusionar, que la Nación nunca pagó la instalación de un programa informático para realmente hacer una fusión, lo que se hizo fue pegarlos, que no es lo mismo o sea que hay tres padrones el del ASOMA, el de PRANI y el del Programa Alimentario Provincial, lo que no significa que haya superposición de beneficiarios".

Apuntó que en Catamarca "no existe un padrón único, pero si hay bases de datos y no fue evaluado por la SIGEN, que directamente dice que no tiene bases de datos, las cuales están desde mediados del año 2000 y en los que se consigna la unificación de los ex programas PRANI, ASOMA y PAP, con la identificación de 36.147 familias beneficiarias, totalizando alrededor de 150 mil personas, según criterios emanados por el Sistema de Información y Monitoreos de Programas Sociales (SIEMPRO), no existiendo a la fecha por parte del mencionado organismo nacional ninguna observación a la unidad ejecutora de la provincia, es decir que el SIEMPRO jamás objetó el sistema que elaboró Catamarca".

En relación a lo que afirma la SIGEN sobre los padrones, explicó que se trata de "un gran interrogante que también se plantea en la segunda auditoría interna de la Secretaría de Desarrollo Social, ante la observación que hace la SIGEN". También señaló que "en la aplicación del soporte informático del programa PRANI, que tuvo reconocimiento a nivel nacional, porque el ingeniero en sistemas que allí trabajaba modificó las bases de datos que ellos tenían (por Nación ), porque la nuestra era más completa".

La legisladora señaló que la superposición de beneficiarios no existe, señalando que puede registrarse la llamada "estrategia del pobre, que consiste en que en una familia, donde una madre soltera se presenta a pedir alimentos, luego por otro lado su pareja o concubino también lo hace. Esto sería una estrategia de subsistencia, que superponen demandas, aunque esto está previsto en los márgenes de desvíos que técnicamente admite cualquier programa, pero no es que no exista una base de datos".

El informe de la Sindicatura General de la Nación, señala también que no hay comprobantes de entrada y salidas de mercaderías. En torno a este ítems, Martínez señaló que "también ellos se llevaron, y obra en el Ministerio, cada uno de los remitos del retiro de mercaderías por parte de municipios y ONGs, lo cual es un tema totalmente demostrable" y, en relación a la demora en la distribución de los bolsones, recordó que "hay un decreto por compras de emergencia que establece que puede hacerse hasta $350 mil, o sea no podían aplicar el millón y tanto, lo cual ha llevado al desglose".

La compra de mercaderías

Martínez explicó también que la demora indicada radica en lo que se denomina ‘compra por renglón’, la cual implica la compra de mercadería por ítems. "Es decir que Catamarca no está comprando todo el paquete o todos los productos que integran el bolsón, sino que se va buscando el mejor precio", dijo y ejemplificó que "a un proveedor le compran la harina, a otro la grasa, lo cual también lleva a una demora en el proceso de compra".

En este sentido, destacó que Catamarca "bajó considerablemente el costo del bolsón, siendo el más económico del país y el que tiene mejores componentes nutricionales, alcanzando las 64.000 calorías que el programa establece" y comparó que si bien otras provincias del país "están comprando el volumen total cada 30 días, no tienen los mismos componentes, entonces o tenemos una mejor calidad nutricional o una entrega más rápida pero incompleta y la distribución local es mejor desde su calidad nutricional".

Recalcó que la entrega en la provincia "está pensada desde una manera más humana, es decir entendiendo los requerimientos de cada integrante de la familia, contemplando los requerimientos del niño, del anciano y de la mujer embarazada, en cuanto a proteínas y otros valores nutricionales" y manifestó que "quizás a esto le falte las vitaminas que ofrecen los alimentos frescos, lo cual es imposible mantener en un bolsón alimentos perecederos".Difusión y depósitos

Este fue otro aspecto sobre el cual refirió la legisladora frentista, especificando que el decreto nacional de emergencia alimentaria 108/02 no financia ni establece ningún mecanismo formal de difusión, como tampoco lo hace el Programa PEA, ya que "los fondos están asignados exclusivamente para alimentos, es decir que no puede pagar publicidad".

Al respecto, Martínez aceptó que la provincia no tiene depósitos en buenas condiciones para el almacenaje de alimentos. "Esto es real y es un problema de vieja data", dijo y recordó que en 1996 "ya se gestionaba el financiamiento para el alquiler de depósitos, ya que el alquiler mensual para depositar la mercadería costaba algo así como $ 8.000 y la Nación no quiere hacerse cargo de estos costos, entonces se presentaron proyectos, se comprometieron a financiar la readecuación de depósitos y nunca se logró el financiamiento, que en otras provincias sí lo hicieron, pero lo que sí está en la gestión es para conseguir los del Regimiento". (Prensa Diputados)


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