Los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah votaron en coincidencia con la decisión tomada en primera instancia por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en tanto que Martín Iruzun lo hizo en disedencia.
Martínez De Giorgi se expidió sobre el pedido y luego pasó a su par Claudio Bonadío un pedido de extradición de los Estados Unidos.
Para justificar sus negativas, Cattani y Farah indicaron que los delitos por los que los empresarios son reclamados "se encuentran reprimidos con una importante amenaza de pena. Nótese que en ese pedido de cooperación internacional se hace referencia a la participación en una asociación ilícita con el objeto de pagar sobornos y retornos a ejecutivos" y "así enriquecerse de manera individual" con esas operaciones.
"No puede perderse de vista el monto involucrado en los contratos y el que se informa acordado como retorno porque ello demuestra, en principio, la disposición de dinero con la que los requeridos contaban, con la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias en distintos países", afirmó la mayoría en su dictamen.
"Los propios actos de los Jinkis evidenciados hasta el presente ponen en duda su voluntad de someterse" a justicia, agregó y recordó que hasta el momento padre e hijo se mantuvieron "ocultos, alejados de sus hogares y empresas" durante algo más de dos semanas.
Cattani y Farah destacaron, además, que un allanamiento a la empresa de los prófugos, Full Play, mostró una actividad "obstructiva".
Irurzun, en cambio, se pronunció por el otorgamiento de las exenciones de prisión porque "la aún vigente orden de captura internacional" que pesa sobre los empresarios "lleva a considerar que no intentarán salir del país, en el que poseen arraigo suficiente en tanto cuentan con familia, bienes y trabajo estable".
A los Jinkis se los vincula con el CEO de la empresa Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, detenido en Italia en el marco de la investigación por hechos de corrupción en el Federación Internacional de Fútbol.
Fuente: Télam
