El letrado, que integra la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, destacó que "no puede ser, como ocurre en Córdoba, que la única solución de la Policía consista en matar o en preparase para herir, lo que queda de manifiesto en cuánto invierte (el gobernador, José Manuel) De la Sota en armas y patrurellos".
Orosz insiste en que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde "se discute una seguridad en términos democráticos y respetuosa de las garantías constitucionales", la "matriz autoritaria se observa en Córdoba en que sólo se entiende la seguridad como sinónimo de tiros, chalecos y patrulleros".
"La seguridad, como se intenta en la Argentina, sólo se soluciona con mayor educación, empleo, cultura y vivienda; en pocas palabras, con más inclusión social, no con persiguiendo o creyendo que son delincuentes los jóvenes que usan gorra o que andan en motocicleta", subrayó el letrado.
En coincidencia con Orosz, dos semanas atrás, la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba denunció que, en lo que va de 2014, ya se han registrado siete casos de jóvenes muertos en casos de "gatillo fácil", lo que expresa la "sistemática política represiva" del gobierno de De la Sota respecto de ciertos sectores sociales.
En junio, un informe de un grupo de alumnos y docentes de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) reveló que la casi totalidad de los operativos "de saturación" que realiza la Policía cordobesa tienen por destinatarias "las villas o sectores populares".
"Casi la totalidad de los operativos se realizaron en barrios populares o villas", según la investigación, que agrega que, entre el 13 de febrero y el 28 de mayo pasado, "668 personas fueron detenidas en la capital cordobesa", con un promedio "de 7 arrestos por día", en el marco de los "operativos saturación" policiales.
Por su parte, Miguel Ceballos, de Justicia Legítima de Córdoba, aseveró que "los siete casos de 'gatillo fácil' no involucran a cualquier clase de jóvenes, sino a chicos pertenecientes a sectores humildes y marginalizados", contra los cuales se "montan corralitos en las calles", para que todos vean "cuando los detienen".
"La violencia institucional se expresa en los casos de supuestos suicidios de jóvenes detenidos en las comisarías, pero que no son investigados porque los comisarios no son ni siquiera separados del cargo hasta que se esclarezcan los hechos", se quejó Ceballos, que denunció "la inacción de la Justicia".
Caballos dijo que, así como el gobernador considera que "fue un mero malentendido que el jefe de la Policía (Julio César Suárez) amenazara la semana pasada a un periodista (Dante Leguizamón), sin ordenar un sumario administrativo, no hay fiscales que controlen si los 'corralitos' que monta la Policía, en la calle, se ajustan a las reglas constitucionales del debido proceso".
Prácticamente, todos los meses, familiares de víctimas de casos de "gatillo fácil" concretan marchas por las calles de la capital cordobesa, en demanda de "justicia" y para repudiar, por ejemplo, al jefe de la Policía que, por medio de un comunicado, el 4 de junio pasado, trató de "jóvenes delincuentes" a dos chicos muertos.
La legisladora Liliana Montero (Frente Cívico y Social) denunció a De la Sota ante la sede local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por considerar discriminatorias y criminalizantes respecto de los jóvenes su reciente pedido de que se declare la "emergencia juvenil".
La legisladora aludió a lo expresado, a principios de agosto por de la Sota, al disertar en la Unión Industrial de Córdoba (UIC), ocasión en la que se pronunció a favor de la declaración de una emergencia juvenil, para que "un chico que les abre la puerta de un taxi, cuando salen de un restaurante, no les meta una puñalada para sacarles la billetera y comprar paco".
El último caso de "gatillo fácil" ocurrió el 26 de julio, en el barrio Los Boulevares, cuando Alberto Pellico (18) se dirigía en su moto a comprar una gaseosa, junto a un primo, cuando recibió un impacto en la nuca, de parte de un agente, aunque desde la Policía aducen que es porque los jóvenes se resistieron a ser controlados.
El 16 de junio, Cristian Guevara (18) fue detenido, presuntamente por un arrebato, y fue trasladado a la comisaría Nro. 19, de barrio Los Naranjos, y horas después apareció muerto en una de las celdas, supuestamente ahorcado con una manta, según la Policía, aunque sus padres siguen reclamando una investigación por lo sucedido.
Otro caso resonante fue el de Lautaro Torres (16 años), que el 19 de abril murió en el barrio Las Palmas, y según la Policía se debió a que una agente, que no llevaba uniforme, caminaba y el joven armado intentó robarle el celular, pero según sus familiares el adolescente se dirigía corriendo a comprar una ¬tarjeta de teléfono, cuando la mujer, sin mediar ninguna circunstancia extraña, le disparó por la espalda.
De igual forma, el 24 de marzo, Exequiel Barraza (20) cayó muerto a causa de cuatro balazos, en el barrio 1º de Mayo, hecho por el cual está imputado un miembro de la división Homicidios de la Policía, y en circunstancias que también involucran a agentes murieron Miguel Angel Torres (33), Pablo Navarro (29) y Matías Emanuel Panetta (27).
Fuente: Télam
