Luego, Macri señaló que tras el allanamiento de anoche ordenado por Oyarbide en el Ministerio de Desarrollo Económico, ampliará a prevaricato y abuso de poder las causales del pedido de juicio político al juez en el Consejo de la Magistratura.
El allanamiento se efectuó para secuestar un expediente de 31 fojas que contenía los antecedentes de Angel Rodríguez, director de Protección y Seguridad Laboral, tras una denuncia del legislador Marcelo Parrilli.
En la acusación se afirma que tanto Rodríguez, como los inspectores Marta Baby y Fernando Mastronardi, quienes inspeccionaron el terreno lindero previo al derrumbe del gimnasio, no tenían antecedentes e idoneidad para ocupar sus cargos.
En consecuencia, Parrilli denunció a Macri por "violación de los deberes de funcionario público y falsedadad ideológica en concurso real", por haber designado a esos funcionarios.
Oyarbide en la resolución en la que se declara incompetente aseguró que "la designación de la autoridad ha sido realizada dentro del ámbito local de la ciudad de Buenos Aires, en función de normas locales y con la intervención de los organismos de control de esta ciudad".
Macri aseguró que el magistrado "excedió totalmente sus funciones al meterse en el tema del derrumbe de Villa Urquiza y tomó medidas en tiempo record de extrema gravedad y violencia" y añadió: "nunca hubo duda alguna que no tenía competencia y el allanamiento lo ordenó para faltarme el respeto y humillarme".
"Vamos ampliar el pedido de juicio político por este nuevo atropello y además le realizaremos una denuncia penal por prevaricato", dijo el jefe de gobierno.
La diputada nacional Gabriela Micchetti calificó de "inaudito" el procedimiento efectuado por Oyarbide, porque "es un juez que realizó un procedimiento violento y en tiempo récord sabiendo que no era competente en la causa".
La denuncia de Parrilli fue radicada originalmente en la Cámara Federal y asignada por sorteo al juzgado federal 7, que subroga Oyarbide y que estuvo ocupado por el ex juez Guillermo Montenegro, hasta que renunció para sumarse al gobierno de Macri.
La decisión de Macri surge como una cuestión colateral a la investigación principal del derrumbe del gimasio Orión Gym, del barrio de Villa Urquiza, el lunes pasado, que causó tres muertos y 11 heridos y que lleva adelante el fiscal Daniel Campagnoli y la jueza María Fontpbona de Pombo.
En esa investigación, en la que está acusado el ingenierio Guillermo Antonio Heyaca Varela por homicidio culposo, no trascendieron novedades y existe hermetismo de las autoridades judiciales.
Respecto de la acusación de Parrilli, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aseguró que el juez incurrió en prevaricato porque "a sabiendas de que era incompetente en la causa, ya que lo que investiga es a un funcionario local por un delito local, ordenó el allanamiento, que tampoco había urgencia por hacerlo".
El ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, negó que Rodríguez no fuera idóneo para ocupar su cargo, ya que "es contador público, no tiene estudios terciarios en Seguridad e Higiene Laboral, pero todos los directores de esta área en 22 provincias del país son abogados o contadores".
"La ley nacional no exige título de protección del trabajo sino estudios terciarios a las personas que están a cargo de este tema, no se aplica a un funcionario político que tiene la función de gestionar. Los inspectores sí tienen estudios terciarios en seguridad e higiene laboral", recalcó.
Macri echó anoche al director de la Autoridad Gubernamental de Control, Oscar Ríos, quien era encargado de verificar el estado de las obras en construcción.
No obstante, el jefe de gobierno aclaró que el pedido de renuncia no fue por el derrumbe sino por haber participado de una reunión de comisión directiva del club Boca Juniors, mientras había personas atrapadas entre los escombros.
El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el renunciado Ríos "no era el encargado del área" y que su esposa "sólo cumplía las funciones de asesora".
