En diálogo con radio Télam, Iriarte destacó la iniciativa del Poder Ejecutivo porque "divide los roles" y, de esa forma, "quien acusa no es quien decide el mérito o la veracidad de esa acusación".
A su entender, las modificaciones centrales contenidas en el proyecto tienen que ver con "los plazos y la calidad en el servicio de justicia".
"Estos procesos garantizan una respuesta ágil, transparente y rápida tanto para el imputado como para la víctima de un delito", insistió y resaltó también la importancia de llegar con mayor brevedad a los juicios para definir rápidamente si alguien privado de su libertad, por ejemplo, es culpable o inocente.
Se trata, explicó, de "reformar los organismos de administración de justicia para acercarla a la gente".
Iriarte defendió la iniciativa porque "divide las tareas de investigación y acusación en manos de un cuerpo de fiscales, por un lado, y confina a los jueces en el rol de juzgar, por el otro".
Con todo, el letrado consideró que la puesta en marcha de la reforma puede durar algunos años y postuló la necesidad de que se vaya avanzando en "leyes de organización, de implementación, que vayan adecuando la justicia a una nueva realidad".
"La sanción del código es el primer paso porque las leyes no cambian la realidad", declaró.
Fuente: Télam
