En noviembre último, "la Procuraduría realizó tareas de coordinación con diversos actores para formular el pedido de indagatoria de los directivos en la causa 'Mercedes Benz', llevado a cabo por el Ministerio Público Fiscal de San Martín", puntualizó la publicación.
Los fiscales Miguel Ángel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti solicitaron al juez la indagatoria de dos gerentes por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad, tormentos y el homicidio de trabajadores que integraban la comisión interna gremial de la fábrica durante la última dictadura cívico-militar.
Los gerentes imputados en esta investigación son Rubén Cuevas, quien tenía a su cargo Asuntos Jurídicos, y Juan Tasselkraut, que encabezaba el área de Producción en la terminal en la Argentina de la compañía automotriz alemana Mercedes Benz.
La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad también colaboró en el seguimiento de la causa en la que se investiga la desaparición forzada de Juan Carlos Casariego de Bel, al parecer relacionada con la fraudulenta estatización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad SA.
En el expediente se encuentra imputado Walter Klein, quien integró el equipo de José Alfredo Martínez de Hoz y fue uno de sus principales colaboradores cuanto éste ejerció como ministro de Economía de la dictadura.
Tras la apelación del fiscal Ramiro González, la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide y ordenó profundizar la investigación contra quien secundó a Martínez de Hoz como secretario (viceministro) de Programación y Coordinación Económica.
Otro "avance considerable" en la investigación del papel de civiles durante el terrorismo de Estado, según el informe de la Procuraduría, fue el procesamiento de Agustin Juan Bottinelli, quien era jefe de redacción de la revista Para Ti, de Editorial Atlántida, por publicar en 1979 una entrevista falsa a la madre de un desaparecido mientras estaba estaba detenida en el centro clandestino de la ESMA.
El juez Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, consideró a Bottinelli responsable del delito de "coacción" previsto en el artículo 149 bis del Código Penal.
Es la primera vez que un periodista debe afrontar cargo legales en una causa por crímenes de lesa humanidad por utilizar sus artículos como herramienta de propaganda del terrorismo de estado.
La Procuraduría está analizando en otra causa la responsabilidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos sufridas por trabajadores yerbateros del Establecimiento Las Marías, en Corrientes.
En este caso, requirió a la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General la colaboración en el análisis técnico-económico de varios expedientes en trámite ante el Juzgado Federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres.
En 1977, fueron secuestrados los obreros rurales Marcelo Peralta y Neris Pérez y detenidos ilegalmente otros empleados de la tradicional firma yerbatera.
En 2008, la justicia imputó a su accionista y directivo Adolfo Navajas Artaza pero al poco tiempo el juez federal Antonio Chalup lo sobreseyó en un expediente donde se inhibieron 18 magistrados que se negaron avanzar en la investigación.
También, la Procuraduría en coordinación con la OFINEC promovió un taller de capacitación para operadores judiciales sobre herramientas para pesquisas donde estén implicados grupos económicos en delitos de lesa humanidad.
Además, la Procuraduría y los fiscales y funcionarios del Ministerio Público participan en conjunto en la causa "Ledesma", en la que los fiscales Javier de Luca y Ricardo Wechsler solicitaron a la Sala IV de la Cámara de Casación penal que rechace las pretensiones de las defensas y confirme los procesamientos del ex presidente de la empresa, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, y de su ex administrador, Alberto Enrique Lemos.
Blaquier y Lemos están imputados en dos causas por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas, entre trabajadores y vecinos del ingenio azucarero Ledesma de Jujuy, el mayor del país.
Por otra parte, tras el relevamiento de casos de víctimas de violencia sexual dentro del centro clandestino de detención Atlético-Banco-Olimpo, realizado por la Procuraduría y remitido el 21 de octubre del 2014 al fiscal Federico Delgado, el 11 de noviembre el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un escrito solicitando que se cite a prestar declaración indagatoria a 22 imputados.
La Procuraduría encabezada por Auat elaboró un documento sobre el avance del juzgamiento de la violencia sexual perpetrada durante el terrorismo de estado, a pedido de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe presentar un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), organismo internacional que había recomendado en 2013 que se adoptasen medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar estos casos.
Fuente: Télam
