Los arrestos fueron concretados en dos operativos realizados en en la central termoeléctrica y en una vivienda del barrio Altos del Sauce, informaron fuentes policiales.
Entre los detenidos están los hermanos Emanuel y Mauricio Araya, integrantes de una facción disidente de la UOCRA, quienes venían ocupando la central de energía e impidiendo la realización de obras en su interior.
En un allanamiento en el obrador, que contó con la presencia del fiscal Juan Pablo López Rosas, fueron desalojados de la termoeléctrica ubicada en el Parque Industrial de Sauce Viejo 12 personas, que quedaron detenidas por usurpación.
Por otra parte, en un vivienda de calle Italia, del barrio Altos del Sauce, fueron apresados los hermanos Araya, en poder de quienes se encontraron 2 escopetas, 2 revólveres, y dos chalecos antibala.
En declaraciones a la prensa, el fiscal López Rosas indicó que esta causa "había comenzado como usurpación pero con el avance de la investigación, el juez Falkenberg ordenó la desocupación del obrador y es lo que hemos implementado en el día de la fecha", y comentó que "no hubo resistencia de los usurpadores".
"La planta va a quedar custodiada con presencia policial", indicó el fiscal, y agregó que uno de los cargos por el que se los imputa a los Araya es "usurpación, pero también se los acusa de coacción agravada", y destacó que también podría agregárseles los de "asociaciòn ilícita y tenencia de armas de guerra".
Sobre los hermanos apresados, López Rosas dijo que "durante las primeras horas del día, detuvimos a Emanuel Araya y a su hermano. Hace varios días que los estábamos buscando con órdenes de detención pero no los podíamos encontrar porque los domicilios eran falsos".
Emanuel Araya, de 34 años de edad, era secretario de la UOCRA Santa Fe y fue desplazado de ese cargo por orden de la UOCRA nacional ante diversas irregularidades en su gestión, naciendo allí una intensa rivalidad con los representantes locales de la conducción nacional de Gerardo Martínez.
Los arrestos de hoy marcan el fin de una escalada de violencia protagonizada por los sindicalistas.
Desde el ataque al edificio del juzgado laboral en peatonal San Martín, a la batalla campal que tuvo lugar en una oficina del microcentro donde trabajaba el delegado normalizador del gremio, cortes de rutas, quema de cubiertas e incluso denuncias cruzadas por amenazas y disparos de armas de fuego.
Como consecuencia de ello, la justicia provincial investiga a Emanuel Araya y su grupo en no menos de una decena de causas penales, tanto en la órbita de la justicia correccional como de instrucción.
Fuente: Télam
