La rúbrica del Presidente -durante una reunión de trabajo con los gobernadores provinciales aprueba y habilita las reformulaciones que las provincias realizan -como autoridades de aplicación de la Ley 22.021- sobre los proyectos productivos, agropecuarios y turísticos en los cuatro distritos de la llamada Acta de Reparación Histórica.
Al acto, concretado en el despacho presidencial, asistieron también el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y el riojano, Ángel Maza, el vicegobernador de Catamarca, Hernán Colombo y el ministro de Producción y Desarrollo, Luis Mazzoni.
Este decreto es uno de los principales reclamos que acercaron gobernadores a la ministra de Economía, Felisa Miceli, desde que asumió sus funciones a fines del año pasado.
"El decreto dará soluciones a dos temas que por diferentes interpretaciones a nivel provincial, como nacional, constituyeron un conflicto para las inversiones en marcha y se finalizará la incertidumbre jurídica sobre los diferimientos impositivos", señaló Brizuela del Moral.
En tanto, el mandatario provincial, agradeció las gestiones, que realizó el Presidente y la titular de Economía “ya que hubo muchos cambios en cuanto a diferimiento por situaciones climáticas o por rentabilidad y da un final ordenado a un sistema que no va a significar un mayor aporte por parte del Estado Nacional, sino que nos va a permitir reasignar cupos”.
Por último, el Gobernador sostuvo que “para Catamarca significa estabilidad para 10.000 empleados, aproximadamente, en forma permanente. Esto se traduce que para el próximo año va a ser mucho más gente que va a recibir el beneficio de un salario digno y que significa, en el efecto de multiplicar la economía, algo muy importante para la provincia”.
Un poco de historia
El conflicto en torno de estos emprendimientos se originó casi una década atrás, pero recrudeció el año pasado cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Economía de la Nación -entonces a cargo de Roberto Lavagna- rechazaron de plano la reformulación de los proyectos dispuestos por las provincias, por considerar que iban a impactar en el esquema de la recaudación fiscal. De este modo, la Nación no aceptaba entonces a la provincia como organismo de aplicación.
Los afectados, en general, son productores que decidieron cambiar su producto o el modo de producir y requieren de una nueva aprobación para revalidar su beneficio fiscal.
