La Cámara de Diputados aprobó esta mañana el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial(PEP), instituyendo, a partir del 1º de setiembre del 2003, un salario mínimo mensual de $230 para los agentes pertenecientes a las municipalidades que no hayan dictado sus cartas orgánicas, en tanto dichos agentes hayan prestado efectivo servicio en las plantas funcionales de cada municipio, al menos en los tres meses anteriores a la sanción de esta ley y se encontrasen registrados y declarados en las nóminas salariales incorporadas al Régimen Nacional de Seguridad Social. Según las estimaciones realizadas se les mejoraría el salario a más de 2.000 empleados municipales, que actualmente cobran en promedio $180 mensuales, lo que significa un incremento en sus haberes de alrededor del 27,5 %.
El incremento propuesto será afrontando por el gobierno provincial, ya que se les transferirá mensualmente aportes adicionales por montos equivalentes al gasto de cada municipio. El mismo será financiado con recursos propios de la provincia, merced al incremento de la recaudación tributaria provincial, teniendo en cuenta que al 31 de julio del 2003 la recaudación acumulada en el año ascendía a $ 35.182.279, superando en un 95,13 % a la recaudación de igual periodo del año anterior.
El proyecto, que obtuvo hoy media sanción y fue girada al Senado para su correspondiente tratamiento, estipula que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Dirección Provincial de Programación Presupuestaria, realizará las reestructuraciones de créditos presupuestarios que fueren menester, a los fines de garantizar las transferencias de recursos necesarias, para dar cumplimiento a lo previsto en la ley. Al mismo tiempo, establece que los subsidios o asignaciones por carga de familia, son independientes del derecho a la percepción del salario mínimo que establece esta ley. El goce de estos subsidios familiares corresponderá, en todos los casos, al trabajador que se encuentre encuadrado en la legislación provincial vigente en la materia.
Fija además que el salario mínimo establecido sólo es embargable en una proporción máxima del 20%, con excepción de lo que se disponga judicialmente respecto de los créditos de naturaleza alimentaria. Finalmente, invita a las municipalidades que hayan dictado sus cartas orgánicas a adherir a la norma.
Durante el plenario, el presidente de la comisión de Hacienda y Finanzas, Oscar del Valle Carrizo(FCyS), retomó los fundamentos expuestos por el PEP en la nota de elevación dirigida a los legisladores. "Este proyecto forma parte de un conjunto de medidas que está llevando a cabo el gobierno provincial para restituir, en la medida que las finanzas provinciales nos permiten, el salario de los agentes pertenecientes a la Administración Pública Provincial y Municipales", dijo Carrizo.
Destacó que es "el resultado del esfuerzo conjunto realizado por el gobierno y por todos los catamarqueños que supieron acompañarnos en cada una de las dificultades que nos tocó afrontar", señalando en este sentido que, desde 1989, el Estado nacional y las provincias "se encuentran en emergencia económica, y más aún a partir de los últimos meses del 2001 donde la crisis golpeó duramente las finanzas de todos los argentinos, sin distinción del sector de la economía al que pertenecían".
Agregó que, frente a tal panorama, la decisión "fue concentrar todos los esfuerzos para morigerar los efectos negativos de esa nueva situación, que nos tocaba transitar, con la prioridad de continuar con el pago al día y sin interrupciones del sueldo y del aguinaldo a los empleados públicos, mantener la estabilidad de los agentes estatales, incrementar la asistencia social y no paralizar la obra pública".
Historió que "en menos de dos años se sucedieron siete ministros de Economía del gobierno nacional con los que tuvimos que acordar los lineamientos económicos para la provincia a fin de lograr los objetivos planteados", y en esa misma línea memoró que en el 2002, "el panorama económico financiero no fue más alentador. El recorte global de los ingresos nacionales fue de $21.000.000 con respecto al año anterior, sin embargo mantuvimos el nivel de gastos sociales y las transferencias a los municipios, resguardando el principio de equilibrio fiscal y la solvencia del Estado".
Sostuvo que "si bien la crisis no fue superada, los aciertos en materia económica nos permiten llevar a cabo una mejora en los salarios de los agentes públicos, atendiendo primordialmente aquellos de ingresos inferiores que fueron los más castigados por la crisis", y explicó que con la sanción de la ley nacional 25561, que modificó el texto de la Ley de Convertibilidad, se inició un período inflacionario deteriorando los ingresos reales de todos los asalariados en general y particularmente los de menor cuantía, como consecuencia de la suba de precios de la canasta familiar".
De igual modo expresó que "esta crisis económica no sólo justifica aumentos en los salarios, sino que demanda mayores servicios y asistencia sociales que no pueden desatenderse, todo ello financiado con recursos que, aún bien administrados, resultan escasos. Por ello, con buen criterio el Estado se propone comenzar con los más afectados y en la medida que las finanzas lo permiten. Conjuntamente con el levantamiento de la reducción salarial de los agentes comprendidos en la emergencia, excepto los funcionarios, pretende aumentar el nivel de ingreso de una franja importante de trabajadores municipales, principalmente del interior de la provincia".
Carrizo, finalizó su exposición indicando que "con esta medida, se beneficiaría el interior de la provincia por su doble efecto económico, de manera directa con la mejora del poder adquisitivo de los municipales comprendidos, y de manera indirecta por el mayor nivel de actividad que implica y una redistribución más equitativa de los ingresos".
