El la iniciativa de los legisladores Vicario y Colombo, respectivamente serán analizados por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Durante la sesión el diputado Miguel Figueroa Vicario(Renovación Peronista) hizo uso de la palabra para presentar un proyecto de declaración sobre manifestar la profunda preocupación de la Cámara de Diputados ante la situación de crisis institucional que atraviesan las jurisdicciones de San José y Santa María como así mismo ante los reclamos que la ciudadanía de las referidas localidades efectúan en contra del accionar de la fiscalía penal con asiento en esa jurisdicción. El artículo segundo establece comunicar del presente a la Corte de Justicia de la provincia, al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, a la Asociación de Magistrados de la provincia y al Colegio de Abogados de la provincia.
El diputado prosiguió fundamentando dicho proyecto sobre lo cual dijo “es por todos conocido la crisis por la que se ha visto involucrada la jurisdicción de San José y de Santa María con una irregular e inoportuna detención emana por el fiscal Marcelo González contra la intendenta Mónica Hernández, disposición que tuvo de forma evidente un transfondo político que era el de generar conmoción institucional”. Detalló que la comisión de Asuntos se congregó en Santa María para ser “receptores de las posiciones de ochenta vecinos atemorizados por el accionar del fiscal, sin perjuicio de que además hemos recibido un video donde se observan a cuatro personas, donde una de las cuales le advierte al resto, que son ex funcionarios del Concejo Deliberante de San José, que si no actuaban en determinado sentido iban a iniciarse acciones penales que terminarían en la detención de ellos y de Mónica Hernández y que llegaría hasta el intendente de Santa María Jorge Anders”.
Advirtió también, sobre denuncias de vecinos “que nos hacían saber que en la propia sede de la fiscalía penal miembros de ese órgano judicial, como el jefe de despacho Albarración concede préstamos con intereses usurarios, en aproximadamente el 60% de interés mensual con el agravante de que cuando no se cumple con la devolución del dinero, inicia las ejecuciones judiciales a través de su esposa y es actora judicial de una serie de juicios ejecutivos, donde el propio Albarracín despacha las órdenes de embargos”.
Al tomar la palabra, Marcelo Rivera dijo que “más allá de que la comisión halla ido por un tema específico y se haya dado con una realidad triste para los vecinos y esto no tiene nada que ver que el vecino sea de Santa María, de San José, del Peñón yo creo que el comprovinciano donde viva merece la misma justicia que todos y hoy lo que se está discutiendo acá es el atropello a la libertad individual, el abuso de autoridad que padecen quienes viven en el interior”.
Agregó “la comisión se constituyó y se dio con esta realidad y si los vecinos quisieron aportar sus vivencias, quisieron aportar con mucha valentía porque cuando no hay justicia incurrimos en el miedo generalizado porque seguramente tienen libertad condicional”.
Roberto Perrota “yo lamento que haya opiniones de legisladores tratando de desviar el planteo y tratando de justificar esta función de la comisión de Asuntos que en realidad es función de cualquier legislador, conocer, responsabilizarnos y desde luego preocuparnos cuando existe alguna cuestión de gravedad institucional, acá hay legisladores con mucha trayectoria, la función nuestra es representar al pueblo de la provincia, nuestra función es acercarnos a quienes no tienen contención, sobre todo cuando la ausencia de contención resulta de órganos de instituciones y cuando quienes manejan la realidad de un pueblo son esas instituciones, estamos hablando de un fiscal penal y de los intendentes de Santa María de las instituciones mas importantes del pueblo”.
Juan Pablo Millán expresó “algunos son muy nuevos y no saben que del Frente Cívico y Social jamás le escapamos al debate, sobre todo en aquellos temas que nos competen, yo no soy abogado pero entiendo que la determinación de la comisión de un delito no es una facultad nuestra, lo determina la justicia, podemos nosotros interpretar sospechas que puede haber pero no determinamos la comisión de un delito eso es la justicia”.
Respecto al traslado de la Comisión dijo que “el traslado en circunstancias como las que vive la localidad de San José por parte de este cuerpo legislativo tiene que ser acordado no es una disposición autoritaria del presidente de la comisión, si las intenciones son buenas nosotros no nos podemos desayunar un viernes que el lunes a las diez de la mañana tenemos que estar en Santa María”.
Pablo Sánchez “como santamariano me duele la situación que estamos viviendo lamentablemente una situación institucional motivada por cuestiones políticas y personales derivaron en toda esta situación complicadísima que está viviendo el municipio, lamentablemente con conocimiento de causa puedo decir que los dirigentes y los representantes no están a la altura de la circunstancia”.
A su turno, Alfredo Gómez señaló que “como legislador me preocupa el tema institucional en la municipalidad de San José como me preocupó el de Recreo en su momento, como me preocupó cada conflicto que tuvimos en diciembre del año pasado y si cada intendente debe rendir cuentas a la justicia que lo haga, si alguno tiene que ir preso que vaya, acá es otro el problema que es más profundo”.
“Si ese fiscal es inocente en buena hora pero que explique como un empleado de él puede prestar plata en el propio edificio o que explique por qué cuando hay una denuncia de 800 metros de cable en la vía pública robado aparecen en el depósito de él y dice no se quien me lo vendió como puede desconocer quién le vendió el cable, como puede ser que no recuerde quién le vendió el casco de una camioneta, entonces con que garantía con que tranquilidad un ciudadano de Santa María puede hacer una denuncia, esto va mas allá de una cuestión de Mónica Hernández, es una cuestión de llevar tranquilidad a toda la gente”, finalizó.
Pedido de Intervención
Por su parte la Diputada Colombo, presentó una iniciativa donde solicita la intervención a la Municipalidad de San José a fin de buscar una salida a la crisis que se vive en el lugar “ acusamos recibo de todo lo que se dijo. Hay acusados de malversación de caudales públicos para administración de recursos, la gente del lugar es presa del puntero político. Creo que San José podría haber generado fuentes genuinas de trabajo y por lo contrario siguen dependiendo del estado municipal. Todo debe ser analizado y si hay irregularidades se debe sancionar a los responsables.
Creemos que llegamos a esta situación por ser tolerantes y se procuró que los poderes constituidos pudieran dar fin a una situación de larga data. Deben obrar con independencia, vamos a acompañar cualquier iniciativa que sea beneficiosa para la comunidad en general. Jamás acompañaremos a ningún funcionario judicial que se extralimite.
Ingresamos un pedido de intervención a la Municipalidad de San José Santa María, por que la conmoción que se originó hace que se afecte bienes o incluso la vida del pueblo. Nos vemos obligados muy a nuestro pesar a ingresar este proyecto, nos comprometemos a ahondar en sus fundamentos. Seria deseable que el propio poder ejecutivo, pudiera acordar con todas las fuerzas políticas en base al resultado de las últimas elecciones y se designe el interventor”- concluyó la Diputada Colombo.
Por su parte el Diputado Marcelo Rivera, argumentó “Veo contradicciones en el proyecto de intervención a San José, no es la mejor alternativa para solucionar los conflictos. La justicia debe ser para todos, para no vivir sin libertad condicional. Como último remedio se debe recurrir a la intervención”.
