Los referentes de los jubilados, entienden que el artículo 1° del decreto contiene un error en su redacción gramatical. Puntualizaron que “si se analiza el considerando del mismo, se refiere en todas sus motivaciones al universo de jubilados transferidos por la provincia de Catamarca as la nación, a partir del 31 de julio de 1995; en consecuencia corresponde modificarlo en su literalidad, a los fines de precisar en forma imperativa lo que expone el considerando del decreto”, señalaron y proponen que en dicho artículo deberá agregarse e incorporarse, como párrafo previo al actual texto, la redacción que estipule “otórgase una efectiva recomposición de los haberes de los jubilados, transferidos en la proporción del 82% móvil de los salarios actuales de los trabajadores en actividad”.
“También, corresponde sustituir el término anterioridad por el de posterioridad al texto originario del artículo 1° del decreto”, añadieron.
La presidenta del bloque de diputados del Frente Cívico y Social(FCyS), Marta Grimaux de Blanco, aseguró que “es decisión del gobernador (Eduardo Brizuela del Moral) que los legisladores podamos definir ya el instrumento legal”. Recalcó que la voluntad del gobierno de la provincia es “contar lo antes posible con el instrumento legal correspondiente a los fines de poder llevar adelante las medidas que están contempladas y que debe hacerla conjuntamente con la ANSeS, porque como todos sabemos la caja está transferida y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos de no legislar en materia previsional, pero sí en materia complementaria a los fines de seguir trabajando junto a la nación, a través de su órgano competente que es el ANSES”.
El presidente de la comisión de Legislación General, diputado Fidel Saenz(Diputados del Partido Justicialista), en tanto, sostuvo que “éste proyecto de ley que viene con media sanción del Senado, mediante el cual se propicia otorgarle a los jubilados una asignación mensual equivalente a la diferencia que hay entre el porcentaje que cobran hoy en sus haberes jubilatorios y lo que les correspondiera por movilidad, según cada tipo de jubilación, se ha originado con motivo de un decreto que emitiera el señor gobernador (Eduardo Brizuela del Moral) y que enviara a esta legislatura para su ratificación”.
“Por vía de ese decreto –prosiguió-, al ser transformado en proyecto de ley en la Cámara de Senadores, quedamos habilitados a emitirle las modificaciones luego del análisis correspondiente que hagan las comisiones o los diputados en el recinto. Así que, más allá de lo que ha sancionado el Senado, es voluntad de ambas comisiones producir el estudio lo más pormenorizado y profundo que sea a los fines de lograr un acabado conocimiento del tema y emitir un instrumento que venga a dar por terminado esta disparidad que existe entre un trabajador en actividad y un trabajador retirado”.
Centeno, por su parte, agradeció la predisposición y voluntad de los diputados, rescató el trabajo en conjunto. “Esta situación –apuntó-, de hecho nos ha permitido a ustedes y nosotros estar en forma permanente procurando elaborar proyectos o tratando de analizar los mismos, lo que nos ha llevado a tener una continuidad de trabajo en forma permanente”.
“Entendemos que dado la voluntad que ha existido dentro de este ámbito legislativo, esta posibilidad (de modificar el proyecto de ley) se puede analizar y de alguna manera tener en cuenta sobre la opinión que hemos sacado nosotros respecto a lo que estaríamos pidiendo que es modificar solo una parte y no un cambio total del decreto, lo cual nos permitirá a los jubilados contar con una mayor garantía y seguridad”. Al mismo tiempo, anticipó que “más adelante necesitaremos la colaboración y el acompañamiento legislativo para corregir otras cuestiones vinculadas a la situación de aquellas jubilaciones que se hicieron sobre la base de convenios colectivos actualmente inexistentes”.
El representante de Jubilados Autoconvocados, Eduardo Chaile, reconoció como “positivo” el gesto de los legisladores de atenderlos y en las observaciones que hizo al decreto del Ejecutivo reparó en que “en el apuro de su redacción posiblemente, en el visto se la menciona solamente a la ley 4094 cuando realmente hay cinco leyes, que implica la 4094 y sus modificatorias, que llegaron al momento de la trasferencia (del sistema previsional), por lo tanto lo que nosotros proponemos no es un cambio esencial, sino una adaptación a la realidad”.
Hizo notar, además, que “los topes, a los que hace referencia el decreto, de la ley nacional de solidaridad previsional, que fue publicada el 30 de marzo de 1995, no existen en el convenio, entonces mal puede invocarse el convenio, que es del 14 de julio de 1994, para hacer referencia a esa ley”, y aclaró que “no es que nos oponemos al decreto, sino que solo queremos que se le hagan las correcciones que luego puede traer una serie de complicaciones y dilaciones en su efectivo cumplimiento”.
“Les hemos recepcionado todas sus inquietudes y los hemos recibido todas las veces que nos han solicitado reunirse con nosotros, haciendo lugar a que el Senado no contempló o a lo mejor no los escuchó, palabras dichas por todos ustedes; en nosotros hay un compromiso desde las dos comisiones porque así lo hemos establecido”, aseguró la presidenta de la comisión de Legislación Social y del Trabajo, la diputada Liliana Barrionuevo.
Refirió que “el pedido de ustedes lo vamos a estudiar con la mayor brevedad posible, porque sabemos que las urgencias suyas no son las mismas que las nuestras, y con esa premisa tener redactado un borrador para la reunión del próximo martes”.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Balverdi(FCyS), que integra la comisión de Legislación Social y del Trabajo, consideró conveniente no olvidar que “ésta reunión surge por la voluntad que tuvo el gobernador de la provincia de hacer por decreto este reconocimiento, como tampoco olvidar que el Senado le dio la media sanción, ratificando ese decreto, pero lo que más importa es que este decreto significa el cumplimiento del artículo séptimo del convenio de transferencia del sistema previsional, que dice que ante el incumplimiento de la nación a través de la ANSeS, la provincia debe hacerse cargo del pago”.
“Con la brevedad que el tema requiere, en las comisiones trataremos de concordar las aspiraciones siempre legítimas de la clase pasiva con las posibilidades reales que tiene esta legislatura”, subrayó.
