La Cámara de Diputados de Catamarca manifestará en la sesión de mañana su apoyo y acompañamiento a la declaración conjunta efectuada por los senadores nacionales de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan, por lo cual rechazan el dictamen del Procurador General de la Nación, doctor Nicolás Becerra que aconseja declarar la inconstitucionalidad de los decretos 804/96; 1125/96 y 69/97 referidos al Régimen de Promoción Industrial vigente en las citadas provincias.
En la iniciativa, motorizada por la presidenta del bloque del Frente Cívico y Social(FCyS), doctora Sara Yolanda Ludueña de Cadó, firmada también por los integrantes de la bancada del oficialismo, se reafirma los derechos adquiridos por los beneficiarios de dicho régimen "contribuyendo a la seguridad jurídica tan necesaria para la paz y el desarrollo social fundada en la preservación y vigencia de la cláusula constitucional de prosperidad que surge del artículo 75º, inciso 18 de la Constitución Nacional y que fuera inserta en el mismo texto del Acta de Reparación Histórica firmado por Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan, cuando expresan que solo a través de la seguridad se podrá lograr la previsibilidad necesaria para que los capitales y las inversiones privadas se incrementen cada una de las regiones ". Copias de la declaración serán remitidas a los senadores nacionales de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis y sus respectivas legislaturas.
El proyecto, en sus fundamentos, expresa que "como representantes del pueblo de Catamarca no podemos dejar pasar por alto el gravísimo perjuicio económico y social que acarrearía a nuestra provincia la derogación de los decretos 804/96, 1125/96 y 69/97 referidos al Régimen de Promoción Industrial de que gozan las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan".
Cadó considera "necesario y urgente" un pronunciamiento de este poder del Estado "en el sentido de acompañar a aquel rechazo unánime pronunciado en declaración conjunta por los senadores nacionales de las provincias promovidas al dictamen del Procurador General de la Nación, doctor Nicolás Becerra sobre la inconstitucionalidad de los decretos mencionados ut-supra".
Advierte que "estamos frente a un peligro latente, habida cuenta que si bien dicho dictamen no tiene carácter vinculante es una opinión que puede o no ser tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha opinión o dictamen agravia sobremanera los derechos adquiridos de todos aquellos que al amparo de dicha legislación han invertido en las distintas provincias que, en el caso de Catamarca, se verían afectados alrededor setenta y seis establecimientos industriales con una inversión comprometida de aproximadamente $250.000.000 con una pérdida aproximada de 5000 puestos de trabajo".
Asimismo, hace notar que "este peligro latente que trae aparejado dicho dictamen causaría un grave perjuicio económico y social a nuestra provincia, siendo en nuestro caso la promoción industrial el principal sustento de desarrollo provincial".
Sostiene que este pronunciamiento "debe servir para contribuir a la seguridad jurídica tan necesaria para la paz y el desarrollo social, manteniendo la vigencia de aquellos instrumentos legales que fueron dictados bajo la vigencia de normas constitucionales expresas como lo es la cláusula de prosperidad que surge del artículo 75º, inciso 18 de la Constitución Nacional, que con este dictamen se estaría violando, cláusula esta de inspiración alberdiana que encierra todo cuando se dirige a promover el bien común, la prosperidad, adelanta justicia y progreso del país y de las provincias".
"Se hace necesario brindar también nuestro apoyo a todos los representantes de las provincias firmantes del Acta de Reparación Histórica que se reunirán el 1 de agosto del corriente año en San Luis, manifestando nuestra firme convicción que como representantes del pueblo de Catamarca defenderemos los derechos adquiridos por nuestras provincias y no permitiremos que se nos quite una importante herramienta por no decir la única que nos asegura el desarrollo futuro", aseveró.
