El oficialismo llega a la reunión del martes con la intención de emitir dictamen de mayoría, para que el proyecto pueda pasar a ser considerado por las otras comisiones a las que fue girado: Derechos Humanos y Garantías y Presupuesto y Hacienda.
Sobre el objetivo del proyecto, Recalde señaló a Télam que apunta a "la búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la última dictadura" y que "nada tiene que ver con los linchamientos; sino que es una investigación para saber quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas".
"Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad; porque busca que haya memoria, verdad y justicia", remarcó el legislador.
Recordó también que "con la complicidad de algunos de los representantes de las empresas, durante la última dictadura, la Comisión Asesora Legislativa ´torturó´ algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo desaparecer otros".
El titular de la comisión de Legislación del Trabajo añadió que "a partir de estas desventajas laborales los empresarios tuvieron un importante rédito económico, a partir de la transferencia de capitales de los trabajadores hacia las empresas".
La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral, cuyo objetivo será elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura.
Ese informe deberá identificar los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.
De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.
La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas".
El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia.
Las pruebas o testimonios serán recogidos en el marco de un cronograma de audiencias que contarán con la presencia de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas y cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos.
También, contempla el requerimiento de informes a empresas, organizaciones no gubernamentales, a dependencias de los tres poderes del Estado Nacional, Provincias y Municipal y Estados Extranjeros para recoger testimonios para comprobar la eventual comisión de delitos.
Además de Recalde, firmaron el proyecto la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tullio; y los diputados Teresa García; Adela Segarra; Pablo Kosiner; Carlos Kunkel, Verónica Magario; Horacio Pietragalla; Eduardo "Wado" de Pedro; Andrés Larroque; Juan Cabandié; Carlos Gdansky y Edgardo Depetri, todos del FPV.
Fuente: Télam
