Sin embargo, sostienen que ese beneficio tendrá un impacto diferente en Córdoba, porque desde 2012 rige la llamada Tasa Vial, que grava a los combustibles y "se traduce en un aumento del costo, con todo lo que significa en términos de desaliento a las inversiones y un encarecimiento de la producción en todas sus formas".
Añade que ese gravamen delasotista es un "impuesto disfrazado de tasa", ya que la provincia carece de atribuciones constitucionales para la aplicación de impuestos de esta naturaleza, además de superponerse a imposiciones nacionales, lo que implica afectar el sistema de coparticipación al que Córdoba adhiere.
Por lo tanto UyO entiende que "el Gobierno de Córdoba está lejos de contribuir con herramientas fiscales a la redistribución de la riqueza".
Sobre el tema agregan que "esta Tasa Vial y el peso del Impuesto a los Ingresos Brutos en el total de recursos que recauda la provincia, hacen concluir que es una decisión política alentar los impuestos indirectos o regresivos, en detrimento de aquellos directos donde paga quien más tiene".
En otro de los párrafos de un comunicado emitido por el kirchnerismo cordobés analiza que como contrapartida en Córdoba "se cobran valores irrisorios a la alta rentabilidad que, en muchos de los casos, no se corresponden con el valor adquirido por la tierra en estos últimos años".
Detalla que el Impuesto Inmobiliario Rural, pese a ser uno de los tributos con mayor incidencia redistributiva, "no cumple en la provincia de Córdoba el papel de progresividad que debería tener y eso, más allá que se refleje en la baja incidencia en los ingresos provinciales, es un dato fehaciente de que los beneficiarios de esta política tributaria inequitativa son los grandes propietarios de extensiones rurales".
Finalmente, entienden que "el gobernador De la Sota haría un gran aporte a los cordobeses si deja sin efecto la inconstitucional Tasa Vial, ya que impactaría al crecimiento de la economía provincial y la disminución de los costos productivos".
Fuente: Télam