Ante esta situación, el CELS decide intervenir y presentarse como "amicus curiae" con el fin de acercar al tribunal "estándares sobre cómo se ha delineado la investigación de este tipo de hechos perpetrados por integrantes del Poder Judicial".
La figura del "amicus curiae" es la que autoriza a un tercero a dar su opinión ante un tribunal sobre determinado caso.
Hooft fue suspendido con motivo de la causa penal en su contra que se abrió el 6 de mayo de 2006 por una denuncia del fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, quien lo acusó de avalar como juez de instrucción de Mar del Plata lo ocurrido en la llamada "Noche de las Corbatas", en julio de 1977, cuando se secuestró y asesinó a un grupo de abogados laboralistas.
Según datos del CELS, hasta la fecha hay 24 funcionarios judiciales procesados y 17 denunciados.
"A ocho de ellos se les ha dictado la falta de mérito o han sido sobreseídos, resoluciones que han sido apeladas por la fiscalía. Este avance en la investigación de las actuaciones del poder judicial se enmarca en un contexto de interpelación del rol de la justicia en su conjunto, con miras a su democratización", precisó.
Según el CELS, durante mucho tiempo "primó una idea de jueces, fiscales y secretarios ´inhábiles´ para poder enfrentar la maquinaria de terror puesta en marcha por los militares".
No obstante, en los últimos años con la "profundización en la investigación y análisis del modelo represivo" se pudieron "observar acciones concretas de esos funcionarios que implican complicidad, participación o autoría en crímenes de lesa humanidad".
El escrito detalló antecedentes de la Justicia, como el caso de Víctor Hermes Brusa, único ex funcionario del Poder Judicial condenado a la fecha.
También mencionó los casos de los jueces Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo, procesados por la Justicia mendocina, que serán juzgados a partir del 17 de febrero.
Para el CELS, los "funcionarios judiciales" procesados por delitos de lesa humanidad son aquellos que "habiendo conocido la implementación del plan clandestino de represión y la ilegalidad del accionar de las fuerzas armadas y de seguridad mostraron la resistencia, directa o por inacción, de abrir investigaciones judiciales o realizarlas seriamente".
Fuente: Télam
