La novedad que potencia el asombro es que trascendió en las últimas horas que el gobierno argentino pidió colaboración a los Estados Unidos para investigar a los usuarios de Twitter que -desde el inicio del jury- denuncian la existencia de una persecución política contra el fiscal que lucha para no ser destituido.
Todo comenzó en el mes de enero, cuando Cristina Caamaño -sucesora de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra- hizo una denuncia contravencional contra un grupo de internautas que -aseguró- la hostigaba a través de la mencionada red social.
El paso siguiente lo dio la fiscal Daniela Dupuy, quien solicitó al jefe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que "arbitre todos los medios a su alcance con el objeto de recabar todos los datos" de los siguientes usuarios: @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @ignacioRodrigu1 y @andres_rimoldi.
La operación gubernamental, para la cual fue necesaria la intervención de Cancillería, se conoció cuando los usuarios hicieron saber que el 16 de junio recibieron una solicitud de información enviada por el departamento legal de Twitter, motivada por un requirimiento del Homeland Security norteamericano, que se creó tras el atentado a las Torres Gemelas y que tiene la potestad de detener personas.
En ese contexto, Ignacio Rodríguez Varela y Andrés Rimoldi -propietarios de dos de las cuentas investigadas e integrantes del equipo de Campagnoli- presentaron un habeas corpus preventivo para conocer de dónde provenía el requerimiento y averiguaron que el punto de partida había sido la acción de la fiscal Caamaño.
De inmediato intervino la abogada Daniela Portino González -socia de Ignacio Irigaray, defensor de Campagnoli en el jury de enjuiciamiento-, quien hizo una presentación legal ante la embajada de los Estados Unidos y logró que la investigación se frenara.
Esta mañana, Ignacio Rodríguez Varela le confirmó a Infobae que la jugada oficialista había sido neutralizada y lo dejó en claro a través de la red social Twitter. Además reafirmó que Campagnoli es "víctima de una clara persecución política" que llegó a un nivel extremo con "la persecución a tuiteros" que respaldan su actuación.
El jurista Ignacio Irigaray se refirió al tema y expresó su asombro por lo que considera una jugada que deja en evidencia que la animosidad contra Campagnoli: "Nos parece increíble, no salimos del asombro de ver que una fiscal y la policía salgan a buscar datos de personas por sus expresiones".
"Las expresiones a través de la web son manifestaciones que van en los términos de la libre expresión que dice la Constitución", consideró el abogado en declaraciones a InfobaeTV. "Creo que hay algo de persecución a los que apoyan al fiscal", completó.
Fuente: infobae.com
