"No vamos a estar con nuestra voz cuando se hable de nosotros. Pedíamos al menos alegar para tener nuestra voz"
Carrizo precisó que la querella del Mocase podrá "controlar, presentar pruebas, preguntar pero no alegar" en el primer juicio por el asesinato de un campesino en el que está acusado un empresario, José Ciccioli, además del autor material del crimen, Javier Juárez y otros cuatro imputados por diversos delitos.
En el mismo sentido, recordó que, "en las indagatorias a los acusados, en su momento Ciccioli, Juárez, (Carlos) Abregú, todos (los imputados) mencionaron al Mocase, pero nosotros no vamos a poder alegar por una decisión del Tribunal fundada en una formalidad legal".
"Los 500 campesinos que estamos hoy aquí (frente al tribunal), como los mil que estuvimos ayer, durante la primera audiencia, tenemos algo que contar y también malas experiencias con la justicia provincial ante hechos de violencia de empresarios" contra comunidades campesinas indígenas, agregó.
Deo Carrizo señaló además que "se intuye ya en los planteos iniciales (de la defensa de los acusados) que apuntan a nuestra organización", con argumentos que pretenden atribuirnos una actuación violenta, cuando son sectores empresariales los que actúan con violencia armada contra los campesinos.
Al asesinato de Cristian Ferreyra, le siguió en 2012 el de Miguel Galván, también del Mocase-VC, y una serie de desalojos e intentos de usurpación con empleo de grupos armados.
Entre los hechos más recientes, el 12 de septiembre último el empresario Américo Argibay amenazó de muerte a los integrantes del Mocase y disparó un arma en presencia de funcionarios de Bosques y del Comité de Emergencia provincial, todo lo cual quedó registrado en un video casero.
Por este hecho, el fiscal federal Pedro Simón había citado para hoy a Argibay, conforme instrucciones de la fiscal general Indiana Garzón para que investigara si el empresario atentó contra el orden público y constitucional.
En este marco, Deo Carrizo sostuvo que la exhortación de la fiscalía para que se evite "la politización" del juicio por el asesinato de Cristian Ferreya indica que se lo trata como "un homicidio simple, cuando fue cometido en el marco de un conflicto de tierras".
La referente del Mocase-VC recordó que el intento de usurpación de tierras comunitarias que derivó en el asesinato de Cristian Ferreyra comenzó hace años con el empresario Emilio Luque, oriundo de Tucumán y se agudizó cuando este le traspasó "supuestos títulos de propiedad" a Ciccioli en el 2011.
José Ciccioli llegó a este juicio imputado como partícipe secundario en el asesinato y en otros delitos, pero la querella del Mocase-VC sostiene que debe ser condenado como coautor necesario del homicidio.
Argumentan "la coautoría, porque la relevancia del empresario que pone las topadoras, las armas, contrata a las bandas y hace la inteligencia del delito, tiene que ser mayor" que la imputación como partícipe secundario.
Fuente: Télam