La denominada legislación delegada es un paquete de por lo menos 1900 leyes por las que el Congreso derivó en el Poder Ejecutivo la prerrogativa de aplicar cierto tipo de medidas.
Ese conjunto legislativo debió haber sido revisado antes del 24 de agosto de 1999, plazo que impusieron los constituyentes de 1994 cuando reformaron la Constitución Nacional.
Entre esas medidas, figura el artículo 755 del Código Aduanero que le permite al Gobierno establecer las alícuotas de los derechos de exportación que, a su vez, es el sostén legal de la aplicación por parte del Ejecutivo de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
La discusión de esta norma generó que durante los últimos días los miembros de la Mesa de Enlace agropecuaria recorrieran los despachos de varios senadores buscando su voto en contra de la Ley de Legislación Delegada. Por ello, la Presidencia del Senado ordenó un estricto control al ingreso al Parlamento, tal como se hizo cuando se discutió la validez de la Resolución 125.
Entre otras medidas, se tomó la decisión de que el Congreso comience a ser vallado desde las 8, tres horas antes del horario previsto de inicio de la sesión. Además, no se permitirán barras en los palcos y todos los que ingresen al Palacio Legislativo y al recinto de sesiones deben tener una acreditación especial.
Otra de las cuestiones que los senadores tratarán El Senado busca convertir en ley la prórroga de las facultades delegadas y la emergencia agropecuaria y que quedará convertida en ley, es la emergencia agropecuaria que establece un fondo de 500 millones de pesos, aprobada por amplio consenso en la Cámara de Diputados.
El beneficio está destinado a paliar las dificultades generadas especialmente por la sequía en varios sectores del campo y comenzará a regir desde el próximo año.
Por otra parte, en la sesión que seguramente se extenderá hasta bien entrada la noche, el oficialismo intentará darle media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Administración Financiera.
De acuerdo con el proyecto enviado por el Ejecutivo, el jefe de Gabinete del gobierno nacional podrá modificar sólo hasta un cinco por ciento la reasignación de partidas presupuestarias.
Además, la norma exceptúa de la limitación a las "modificaciones presupuestarias que incluyan créditos de la jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro" referidas a asistencia por catástrofes, asistencia a empresas privadas y al sector público, y que elevan el límite para la redistribución presupuestaria al jefe de Gabinete a alrededor del 10 por ciento del presupuesto.
Fuente: Télam
