Dentro del capital expropiado, equivalente al 51% de la empresa, el Estado central asumirá a su vez un 51% y las provincias un 49%, de modo que el Gobierno tendrá un 26,01% del capital final y las provincias, el 24,99% restante.
Mientras que el ´kirchnerismo´ se ha mostrado ampliamente favorable al paso dado por la presidenta, diputados de la Coalición Civica o la Unión Cívica Radical ya se han posicionado en contra. Este último bloque anunció que presentará un texto alternativo al proyecto de ley.
