"El conflicto involucra a dos sindicatos con ámbitos de actuación en todo el país. Entiendo, por lo que he podido seguir del caso, que tanto Camioneros como Comercio tienen ámbitos de actuación territorial en todo el país. Por lo tanto, el conflicto en sí es competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, y no de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad", sostuvo.
En diálogo con Télam, el abogado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) explicó que un problema de encuadramiento sindical "debe ser resuelto conforme a la Ley de Asociaciones Sindicales, que establece un procedimiento para estos casos donde dos sindicatos se disputan una representación gremial".
"Camioneros se resiste, porque deducen que en la legalidad no van a obtener una resolución favorable. El planteo que ellos hacen es que si sos camionero, no importa de qué actividad, tienen que representarte. Y esto se da de patadas con la tradición y legislación argentina, que encuadra a los trabajadores según la actividad de la empresa", agregó.
Para Ramírez, la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto equivale a decir que "me meto en el tema pero no me ocupo del tema de fondo, argumentando que hay un conflicto en una calle de la Ciudad. Parcializa el conflicto y se ocupa solo de eso, pero no pueden tratar el tema de fondo porque son incompetentes".
"Lo que hay que ver es por qué el macrismo acepta meterse en este lío, que difícilmente parecería que puedan resolverlo ellos, porque en el fondo el tema los excede. Ellos, que tardaron un año en hacerse cargo de los subterráneos, por qué ahora se meten en un conflicto cuyo temas de fondo los excede. Lo sospechoso sería un pacto entre Hugo Moyano y el jefe porteño Mauricio Macri", agregó.
Al respecto de Camioneros, Ramírez señaló que su proceder en el conflicto es "de prepo y de guapos", al tiempo que opinó que "no es novedosa esta forma de proceder, lo vienen haciendo desde hace muchos años, pero lo novedoso y político es la oportunidad que han elegido para poner en marcha un conflicto de esta magnitud, en el marco de una contención de precios por parte del Gobierno".
El abogado también consideró que el Sindicato de Camioneros estaría "violando varias normas del Código Penal", al explicar que "el piquete en la puerta es una violación de muchísimas normas, entre ellas algunas del Código Penal", a la vez que insistió, más allá del cauce judicial del conflicto, en que "se trata de un conflicto de carácter nacional, y no puede aplicarse el criterio de la ubicación geográfica, porque sería un caos".
Fuente: Télam
