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Miercoles 24 de Abril de 2024
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El fiscal pidió investigar a una empresa que administraba cajas de seguridad por presunto ocultamiento de información

Enrique Senestrari solicitó que se investigue a los responsables de la empresa administradora de cajas de seguridad en la que encontraron 1.700.000 dólares, en el marco de la causa por supuestas operaciones fraudulentas de la financiera CBI Cordubensis, pese a que los titulares de la firma decían que las cajas estaban vacías.
"Le solicitamos al juez (federal Ricardo Bustos Fierro) que forme una causa por separado, porque cualquier persona que informa de modo falso a un magistrado, sobre lo que se está pidiendo, incurre en un engaño a la Justicia", aseveró hoy a la prensa el funcionario judicial.

"Si, en el marco de una investigación, se la entorpece, eso tiene una respuesta legal y una consecuencia penal para quien lo hace"Enrique Senestrari, fiscal federal


En el mismo sentido y siempre en alusión a los responsables de la empresa Blinbox-Bacar, administradoras de las cajas de seguridad, Senestrari manifestó: "Si, en el marco de una investigación, se la entorpece, eso tiene una respuesta legal y una consecuencia penal para quien lo hace".

"La empresa dijo que 100 cajas de seguridad se hallaban sin uso, que no estaban alquiladas por los clientes, pero para la Fiscalía había algunos indicios de que podían ser utilizadas para esconder información y encontramos 20 cajas que estaban siendo utilizadas y que tenían documentos, dinero (dólares y pesos). No era cierto que estaban en desuso y se lo ocultó a la Justicia", dijo Senestrari.

El fiscal efectuó el pedido luego de que el viernes pasado encontraron 1.700.000 dólares (billetes sobre cuya autenticidad ya se pidió una pericia) en las cajas de seguridad que, según los responsables de Blinbox-Bacar, se encontraban vacías.

Mil cuatrocientas cajas de seguridad se encontraban a disposición de la Justicia tras los allanamientos concretados el 28 de febrero pasado, en el marco de una medida en la que se buscaba documentación vinculada con la financiera CBI Cordubensis S.A.

En el mismo sentido que Senestrari, el abogado Carlos Nayi, que representa a inversores supuestamente afectados por CBI, anunció que mañana pedirá a la Justicia que investigue "si el dinero hallado en las cajas de seguridad tiene relación" con la supuesta estafa denunciada por sus clientes.

Por su parte, para mañana se espera que se presente a declarar como imputado ante el juez Bustos Fierro el presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, según lo informó su propio abogado, Carlos Palacio Laje, el jueves pasado.

Tras insistir en que Rodrigo se fue de Córdoba "por el pánico que le generó el homicidio de su socio (Jorge Suau, vicepresidente de CBI, hallado muerte en el interior de su camioneta, una mes atrás)", Palacio Laje dijo: "el juez federal Bustos Fierro le ordenó presentarse el lunes 17 de marzo y así será".

Hasta el momento, entre los imputados se encuentran, además de Rodrigo, Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Victor Alaniz, Luis de los Santos, Doris Puccetti, José María Nuñez y Daniel Tissera, entre otros.

Hace tres semanas atrás, el fiscal Senestrari encabezó una veintena de allanamientos, en busca de documentación y de material probatorio, en domicilios de la ciudad de Córdoba (entre otros, en la sede de Blinbox-Bacar) y de Villa María, a 146 kilómetros al sudeste de la capital provincial.

Con la colaboración de personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), los allanamientos fueron dispuestos con el fin de determinar si había vinculación con el dinero que manejaba CBI, que, según el fiscal, "no contaba con autorización del Banco Central" para operar como una entidad financiera.

De acuerdo con el abogado Nayi, se trataría de "una maniobra defraudatoria a gran escala", dado que los ahorristas "entregaban a CBI dinero y, a los 30 días, debían recibir un interés del 27 por ciento anual sobre el saldo final".

El abogado subrayó que, no obstante, en los últimos meses, en vez de recibir dinero fresco, tal como habían pactado con CBI por medio de un contrato de mutuo, en la financiera les daban "cheques, de diferentes empresas, todos de procedencia dolosa o declarados como robados".

De acuerdo con Nayi, que precisó que en los próximos días serían formalizadas 80 denuncias penales más contra los directivos de CBI, el perjuicio ocasionado por la financiera a ahorristas "ascendería a 20 millones de pesos".

Fuente: Télam

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