En diálogo con Nihuil, el mandatario provincial volvió a defender la estrategia mendocina para frenar el decreto 699 que, según entiende, afectará gravemente a la economía de Mendoza.
“Lo que ha determinado el juez de La Rioja, y sin ser abogado, es una cosa muy agarrada de los pelos, muy ambigua, de muy poco sustento. Parecería más una declaración política que la sentencia de un juez”, lanzó.
Y esgrimió que “sigue vigente lo que ha determinado el juez federal de San Rafael (que rechazó la medida nacional que excluye a Mendoza de los beneficios de la promoción)”.
“Lo que ha determinado el juez de La Rioja, y sin ser abogado, es una cosa muy agarrada de los pelos, muy ambigua, de muy poco sustento. Parecería más una declaración política que la sentencia de un juez”, lanzó.
Mientras espera que Cristina lo reciba, Jaque enfrenta acciones judiciales de las provincias perjudicadas por el freno impuesto por el juez federal Héctor Acosta, de San Rafael.
Primero se conoció que el juez federal Leopoldo Rago Gallo, de San Juan, emitió una resolución ratificando la validez del decreto presidencial Nº699 y ayer, el magistrado sanjuanino emitió una “medida cautelar reafirmando la validez del decreto” que le da continuidad a la promoción industrial.
En la resolución judicial se afirma: “Estamos en presencia de una norma que se refiere a las provincias promocionadas (San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca), vale decir, que no incluye a la Provincia de Mendoza ni a la Ciudad de San Rafael”.
Con esta base, asegura que “aquel pronunciamiento (por la decisión de suspender la aplicación del decreto de la promoción industrial, del juez mendocino) carecería de virtualidad para aplicarse en San Juan”. Además, ratifica “la competencia que tiene asignada en materia de derecho público este Juzgado Federal Número 2 a mi cargo de conformidad con su ley de creación Nº 24.042”.
También avanzó el Juzgado Federal de la provincia de La Rioja , que hizo lugar a la medida cautelar presentada por la CGT riojana y exhortó al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo de la provincia de La Rioja a que se dé cumplimiento al decreto Nº699. La medida fue tomada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, ante la presentación del secretario general de la Delegación La Rioja de la CGT, Jorge Reynoso, y se contrapone por lo fallado por el juez federal de Mendoza.
Con estas nuevas acciones, ahora conviven tres disposiciones judiciales sobre el mismo tema y es posible que el problema se resuelva en la Corte.
Fuente: Diario Uno
