La primera presentación hace hincapié en el financiamiento que recibían las Madres de Plaza de Mayo para llevar adelante los planes de viviendas sociales. Fue realizada el pasado lunes por un abogado particular y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº2, a cargo del Doctor Marcelo Martínez de Giorgi.
El abogado Jorge Luis Vitale, autor de la primera denuncia, explicó a este medio que su presentación apunta a que se investigue el origen de los fondos para los programas de viviendas sociales y, sobre todo, a la falta de control que hubo sobre su implementación.
“En primer lugar, creo que se construyen las viviendas superando ampliamente el valor del mercado. Además, no se respetaron las mínimas técnicas de construcción: las viviendas tienen graves falencias que fueron denunciadas por los municipios e incluso por la Nación. Y lo más grave de todo es que todo se realizó mediante contratación directa, algo que está terminantemente prohibido en nuestro país”, advirtió el letrado.
Vitale marcó que está sorprendido que las propias Madres de Plaza de Mayo no hayan realizado una denuncia penal contra Schoklender y aventuró que espera su presentación sirva para demostrar que “nadie es intocable”, incluso “Hebe de Bonafini”.
Esta mañana, el fiscal antilavado, Raúl Pleé, presentó otra denuncia contra quien fue el principal colaborador de la presidenta de la entidad de derechos humanos, Hebe de Bonafini. Tras el sorteo de la Cámara, este nuevo expediente recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide.
Fuentes judiciales explicaron a Infobae.com que Oyarbide le dio vista del expediente a la Fiscalía y en las próximas horas deberá resolver si continúa a cargo de del caso.
Habitualmente, cuando se superponen dos denuncias similares por los mismos hechos, el segundo juzgado que recibe el caso remite las actuaciones al primer juez interviniente, por lo que se prevé que finalmente sea Martínez de Giorgi quien quede a cargo de la investigación.
Según trascendió esta mañana, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo presentó en su denuncia dos delitos que deberán ser investigados por la Justicia: "lavado de dinero" y "defraudación a la administración pública".
Pleé presentó la denuncia ante la Cámara Federal, tras trabajar hasta última hora de ayer, luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) cursara las actuaciones contra Schoklender que se tramitaban desde hace un año, a instancias de una presentación realizada por dos diputadas de la Coalición Cívica.
El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo quedó comprometido en las últimas horas luego de que se confirmara que es dueño de la constructora Meldorek, que la fundación de Bonafini utilizaba para hacer las viviendas para los más humildes.
Él había negado en un reportaje con C5N que tuviera algún tipo de relación con esa empresa y había justificado su nivel de ingresos –que le permitía comprar desde una Ferrari, yates o aviones– en supuestas "patentes", que luego tuvo que admitir que no existían.
La denuncia que recayó en el juzgado de Oyarbide es contra Schoklender y Alejandro Gotkin, supuesto socio, por los delitos de "fraude a la administración pública, mediante administración fraudulenta y de lavado de activos de origen delictivo" por maniobras relativas al "desvío de fondos públicos administrados porla Fundación Madresde Plaza de Mayo para la construcción de viviendas", según el escrito de denuncia al que accedió Infobae.com.
La hipótesis delictiva que maneja la UIF es que se hizo el desvío de los fondos públicos en base a la condición de apoderado de Schoklender "mediante endosos de cheques librados a la orden de esa fundación y que esos fondos se direccionaban ala empresa Antártica Argentina SA, lo que habilitaba la libre disposición de los mismos por parte de Alejandro Abraham Gotkin o incluso de su parte (como ocurriera cuando se comprometió al pago del precio de compra de un inmueble a nombre de esa sociedad)".-
"Así también un amplio entramado de sociedades tales como Setek SA, Eagle Security Investigation SA, Meldorek SA, Gorlac SA, REgie Royale SA, Stylo Car SA, Monetizacion SA, Fun Pro SRl y Expeditiion SA en las cuales ejercen tareas gerenciales o detentan cargos directivos o comparten domicilio fiscal, los nombrados"
Todo esto "habilita la sospecha de que se trataría de sociedades pantalla a través de las cuales se hace posible el blanqueo de los fondos a los que se ha hecho referencia o podrían ser usadas al igual que Antártica Argentina SA para el desvío directo de aquellos fondos públicos".
"Entre esos fondos públicos se estaban administrando fondos del Programa Federal de Construcción de Viviendas, de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión publica y servicios de la Nación", agregó el escrito. (Infobae)
