El funcionario aseguró que la medida partió de un "golpismo activo del Poder Judicial" contra el Gobierno y se quejó de una "clara persecución y un hostigamiento" a funcionarios. El tenor de las acusaciones fue más tarde replicado por otros pesos pesados del Frente para la Victoria.
Agustín Rossi, ministro de Defensa y precandidato a presidente, coincidió con el ex gobernador de Chaco al sostener que "hay acciones de determinado sector del Poder Judicial que no tienen razón de ser, y que esa acción judicial, es asociada a una fuerte propagandización por parte de los medios de comunicación opositores",
"En el día de ayer vimos la acción judicial de un determinado juez, que hoy es tapa de los dos principales medios de comunicación de la Argentina, entonces es imposible que uno no analice la conexión que pudiese existir con cada una de esas acciones, resultan inentendibles".
"ES UN APRIETE LISO Y LLANO"
Otro aspirante a la Casa Rosada que se pronunció al respecto fue el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien no dudó en calificar el hecho como "un apriete liso y llano". "Esa sociedad forma parte del universo de más de 150.000, de las cuales más de 67.000 tienen trámites pendientes. Además, la información que buscaba el juez la podía fácilmente obtener como normalmente hacen en Comodoro Py, con oficios, sin recurrir a una medida extrema como es un allanamiento", argumentó.
"Resulta revelador cómo algunos miembros del Poder Judicial bailan al ritmo que les marcan los espacios opositores, con el fin de ensuciar la imagen de nuestra Presidenta", disparó. Y agregó: "La intervención injustificada de la Justicia en la vida democrática de las naciones es la nueva forma del golpismo en América Latina. Ahí están los ejemplos de Honduras y de Paraguay, golpes promovidos y avalados por los propios jueces dirigidos por el gran poder económico de esos países".
También anotado entre los "presidenciables" del kirchnerismo, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, consideró que se trató de un "inexplicable ensañamiento" contra la Presidente con una "persecución judicial".
"Los allanamientos proceden sólo cuando hay ocultamiento o sustracción documental, o ante la negativa del requerido de aportar al tribunal interviniente la documentación requerida. Proceder sin ton ni son a un allanamiento a un domicilio que no guarda relación con la tarea investigativa, sólo persigue la publicidad del acto judicial generando sospechas infundadas", afirmó.
"LA OPOSICIÓN RECURRE A SUS JUECES PARA INTENTAR VOLTEAR A CRISTINA"
Por su parte, la jefa de la bancada del FpV en la Cámara baja, Juliana Di Tullio, también asoció el procedimiento a la oposición. Pero fue más lejos: "La oposición recurre a sus jueces para intentar voltear a Cristina".
"Lo que ocurrió ayer con un juez federal, que tiene claro alineamiento con el Frente Renovador, desenmascara quiénes están detrás de esta persecución y que amenazan permanentemente a la democracia, las instituciones y al pueblo argentino", remarcó. "No quieren que Cristina termine su mandato", dijo, y aseveró que "están armando saqueos, embestidas judiciales falsas, corridas cambiarias para generar un clima de zozobra en la gente".
La investigación
Luego del requerimiento de instrucción del fiscal Carlos Stornelli, el juez Bonadio ordenó ayer al mediodía un allanamiento en la empresa Hotesur, que administra el Hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner. Según pudo saber Infobae, la oficina donde se realizó el procedimiento estaba vacía.
La causa surge de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, quien requirió que se investigue a Cristina Kirchner por la presunta comisión de delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en referencia a los hoteles que posee la primera mandataria en el sur. La líder del GEN considera que hay sospechas de que podría ser un alojamiento "fantasma" usado por el matrimonio presidencial para hacer negocios con el empresario Lázaro Báez.
FUENTE: infobae.com
